Los alcaldes se rebelan contra Ortiz

La buena estrella del promotor Enrique Ortiz se apaga. El principal imputado en el caso Brugal afronta además de su participar calvario judicial, otro proceso paralelo que le está enfrentado a varios Ayuntamientos disconformes con los proyectos que ejecutaron sus empresas.

La voracidad de Ortiz para los negocios provocó que durante los últimos años acumulara contratas, obras y concesiones sin tener apenas competencia. Sin embargo, ahora diversos Ayuntamientos, y de todo signo político, no solo le recriminan que no cumpliera bien con su trabajo, sino que incluso le exigen dinero por obras inacabadas o por algunas chapuzas y se niegan a pagar las indemnizaciones que exige el promotor.

El último episodio en este rosario de desencuentros se vivió esta semana en el pleno celebrado el miércoles en el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig. La sesión presida por Luisa Pastor, del PP, rechazó pagar al contratista los siete millones de euros que exige por la infrautilización de unos aparcamientos.

Enrique Ortiz construyó dos aparcamientos subterráneos en Sant Vicent del Raspeig, el del Mercado y el del Ayuntamiento, que casi siempre están vacíos, con lo que el negocio es ruinoso. La empresa responsabiliza directamente al Ayuntamiento de la “infrautilización” de estas plazas y reclama más de siete millones de euros al consistorio “para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por la infrautilización” de los estacionamientos.

El empresario critica la pasividad del Ayuntamiento de Sant Vicent para llenar las plazas

Ortiz exige cobrar 3.005.423 euros por el aparcamiento del Mercado, que se adjudicó en 2002 por un periodo de 50 años, y otros 4.425.912 euros por el del Ayuntamiento, que gestiona desde 2008 por un plazo de 35 años. El empresario en su reclamación denuncia la “pasividad o connivencia” del Ayuntamiento con los aparcamientos irregulares o los solares en los que se permite aparcar sin control.

El Ayuntamiento esgrime sendos informes técnicos para rechazar las demandas del constructor, y recuerda que “las previsiones de ocupación que se han incumplido son las que realizó el concesionario a la hora de su participación como licitador en esta concesión”. El equipo de gobierno considera que “en el caso de no cumplirse las previsiones no es la administración a quien considera asumir las consecuencias negativas”.

Los informes cuestionan la “seriedad” del contratista, y echan en cara a Ortiz que no haya realizado ninguna campaña publicitaria de los aparcamientos. “Ante la ausencia de un mínimo de diligencia en su gestión, no puede pretender trasladar a la Administración la responsabilidad por los nulos efectos, ni por tanto reclamar indemnización por ello”, sentencia el informe elaborado por los técnicos municipales que sirvió de base para que el Ayuntamiento en bloque rechazara pagar los siete millones de euros que reclama el empresario. Este periódico intentó sin éxito contactar con Ortiz para conocer sus argumentos.

Alcoi detectó que se pagaron 1,2 millones al constructor por obras no ejecutadas

De la mano de gobiernos locales del PP Enrique Ortiz fue haciendo negocios que ahora, con el paso del tiempo, le están saliendo caros. Otro ejemplo es en Alcoi, cuando en diciembre de 2008, el Ayuntamiento, presidido por el PP, se comprometió a pagar 2,1 millones de euros a Ortiz por las obras de reforma del Teatro Calderón. Sin embargo, el nuevo gobierno, presidido por alcalde socialista, Antoni Francés, encargó una auditoria y el informe pericial fue concluyente: De esta cantidad 1.245.000 euros no deberían haberse pagado porque o bien no se habían ejecutado las obras o se pagaron por partida doble.

El Ayuntamiento también detectó otro pago de 202.000 correspondiente al equipamiento escénico. Además de este proyecto, el nuevo gobierno municipal confiscó en junio de este año 543.000 euros a una de las empresas de Ortiz por los avales de las obras de construcción del bulevar cuyo proyecto se ha incumplido. Y además, el mismo ayuntamiento sancionó a Ortiz a pagar una multa diaria de 300 euros por la falta de mantenimiento del aparcamiento de la Rosaleda.