Otra oportunidad para todos

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sufrió el jueves, probablemente, una de las derrotas más humillantes de su carrera política. En su beneficio debe decirse que consiguió, al menos por momentos, que pareciese una victoria.

El Gobierno de Rajoy retiró el recurso de inconstitucionalidad que Zapatero había interpuesto contra la ley valenciana que pretendía derogar la orden del Ministerio de Cultura que declaró que el Plan del Cabanyal (la prolongación de Blasco Ibáñez sobre el barrio) supone expolio y es ilegal. La alcaldesa, amparada en la complejidad jurídica del asunto, dio a entender en rueda de prensa que se había cumplido su voluntad, que se desbloqueaba el conflicto a su favor y que podía hacer la prolongación. Nada más lejos de la realidad.

Como se ha reconocido desde el propio Partido Popular, la retirada del recurso forma parte de un acuerdo más amplio que incluye, precisamente, la derogación en tres meses de la ley valenciana, ley contra la que el recurso se interpuso. Es decir, prefieren retirarla ellos antes de que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. Prefieren evitar el ridículo, aunque ya es tarde.

Es preciso recordar que fue esa ley tramposa y a todas luces inconstitucional (ya lo adelantó el Consejo de Estado, aunque lo sabían también quienes la votaron) la que permitió durante unas horas, en la segunda semana de abril de 2010, derribar un par de casas del barrio y provocar uno de los episodios más vergonzantes sucedidos en Valencia en los últimos años: las agresiones de la policía contra los vecinos de El Cabanyal que defendían la legalidad y su barrio. La ley que ahora se va a derogar fue la usada para apalearlos. Aunque nadie va a responder políticamente de ello es conveniente recordarlo.

También parece necesario recordar (algunos medios se empeñan en ignorarlo) que la orden ministerial de González Sinde, la que declaró expolio el plan de El Cabanyal, fue el resultado de una sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a emitirla, y de un procedimiento reglado y autónomo que implicó los informes de muchas organizaciones independientes, nada sospechosas de vinculación con el Gobierno de Zapatero. Éstas dijeron que el plan de Barberá supone expolio del patrimonio histórico. Así que la razón por la cual la orden sigue vigente, es porque es legal. De igual manera que es por su inconstitucionalidad que la ley valenciana va a ser derogada.

En fin, la retirada del recurso impide en parte el bochorno del PP valenciano, pero no desbloquea el conflicto. El conflicto solo lo puede desbloquear la decisión de la alcaldesa de cumplir la ley, lo que es su obligación. Eso significa cumplir la orden ministerial vigente, que anula su plan de prolongación de Blasco Ibáñez, e impulsar un nuevo plan, participativo y abierto a todos los vecinos, que rehabilite el barrio sin destruirlo. Después de 15 años, seguimos insistiendo.

Fernando Flores es profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Plataforma Salvem El Cabanyal