Alcaldes del PP demandan a víctimas de las preferentes por desórdenes públicos

La primera andanada de multas a afectados por las preferentes por supuestos excesos en sus protestas arreció en verano. Las sanciones, tramitadas en algunos casos en bloque, censuraron con severidad acciones como tocar la bocina delante de un consistorio o poner una silla junto a un paso de peatones. La vuelta de las vacaciones no ha hecho disminuir el celo sancionador. Al revés; a las multas, que han seguido brotando, se les han unido ahora las denuncias de dos alcaldes a los miembros de la que probablemente es la plataforma más combativa de Galicia, la del Baixo Miño. Tanto el regidor de Gondomar, Fernando Guitián, como el de O Porriño, Nelson Santos, presentaron denuncia por las “coacciones” que sufrieron a su entender durante los broncos plenos con los afectados.

El caso de Porriño es el más aparente. Remite al pleno municipal del 25 de febrero pasado, una sesión movida que acabó de madrugada y en el que la principal estampa fue ver a uno de los presentes verter una botella de agua sobre los documentos que tenía en su mesa el alcalde para expresar gráficamente que los regidores del PP tenían que “mojarse” y emular al regidor de Oia, Alejandro Fernández, quien días antes había firmado un compromiso de renuncia si los afectados no recuperaban sus ahorros. La bronca duró hasta las cinco de la mañana. Actuaciones similares se repitieron durante meses en los municipios de la provincia, desde Tui a Pontevedra, pero al grupo de Gobierno de O Porriño le escoció especialmente el suceso, por lo que denunciaron en bloque los hechos a la Guardia Civil. El resultado es un dosier de 48 páginas elaborado por el instituto armado y remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad. Entre los imputados está el principal portavoz de la plataforma, Xulio Vicente, junto a otros cinco afectados —más otros dos sin identificar— a los que se achacan los delitos de coacciones, atentado contra la autoridad y desorden público. El compendio recopila las declaraciones ante los agentes de los nueve ediles del PP y un policía local, la mayoría de los cuales aseguraron, con algunos, matices, haberse sentido amenazados, coaccionados e insultados. El expediente incluye fotos de Xulio Vicente y de los otros imputados en ese pleno, con números sobreimpresos sobre sus cuerpos para una mejor identificación y leyendas explicativas como la siguiente: “Jorge Méndez (uno) cogiendo una botella de agua, mientras Mª Victoria González (cuatro) y otra mujer (siete), hacen sonar sus bocinas”. En total hay 27 imágenes.

El compendio también recoge recortes de La Voz de Galicia y El Diario.es con subrayados en los párrafos en los que se transcriben algunas de las manifestaciones que los afectados vienen haciendo desde hace dos años por toda Galicia. Una de las frases que aparecen destacadas en un anexo es esta de Vicente: “Si nos hacen la quita, los Ayuntamientos seguirán paralizados, y si nos echan de los Ayuntamientos, iremos a sus casas”. La firma de los periodistas que redactaron una de las informaciones está también resaltada en un recuadro trazado a bolígrafo. El informe de la Guardia Civil tiene fecha de marzo, pero los imputados han recibido las citaciones para declarar en el juzgado en las últimas semanas. En el caso del regidor de Gondomar, Fernando Guitián, la denuncia atañe al pleno de la mancomunidad de Val Miñor del 30 de abril. El alcalde entregó a la Guardia Civil el vídeo de las protestas a la entrada, y un informe de la policía local que refiere insultos por parte de Vicente y otros manifestantes sin identificar.