Ofensiva del PSOE para declarar el 18 de julio Día de Condena al Franquismo

El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha propuesto que el 18 de julio, fecha en que comenzó la Guerra Civil (1936-39), sea declarado “Día Oficial de Condena al Franquismo”. La iniciativa, registrada el 18 de octubre y que insta a la Asamblea de Madrid a elevar su planteamiento al Congreso de los Diputados, fue rechazada tres días después en la Mesa del Parlamento regional, donde el Partido Popular tiene mayoría. El órgano lo componen siete miembros: cuatro del PP (el presidente de la Cámara autonómica, José Ignacio Echeverría; Jacobo Beltrán, Rosa Posada y Carlos González), uno del PSM (Juan Barranco), uno de Izquierda Unida (Antero Ruiz) y uno de UPyD (Enrique Normand). Tanto IU como UPyD se mostraron a favor de que la iniciativa se tramitara y debatiera.

Los socialistas también instaron al Parlamento regional que denunciase la “sublevación militar fascista” liderada por Francisco Franco contra el Gobierno de la II República, y que se comprometiera a “una reparación digna y no discriminatoria” a los centenares de miles de víctimas que dejó la dictadura en sus 40 años de duración. El partido también animó a la Cámara a apoyar la querella que la magistrada María Servini lleva adelante en un juzgado argentino por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos por el régimen de Franco.

“Estamos ante un atropello democrático. En España sigue pendiente un debate público y profundo sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco”, critica el diputado regional socialista Óscar Iglesias, que incide en que el franquismo “nunca dejó de recordar quiénes fueron los vencedores y quiénes los vencidos” dentro de su concepción “de exterminio del adversario político”.

El PP argumenta que la Ley de Memoria Histórica —aprobada el 21 de diciembre de 2007 con 304 votos a favor, tres en contra y 18 abstenciones— no atribuye ninguna competencia a las comunidades autónomas. Esto es, que no cuentan con la menor legitimidad para pronunciarse sobre este tema. “En vez de ofrecer alternativas, el Partido Socialista se está dedicando a desenterrar las heridas del pasado y a usarlas como arma política”, considera el portavoz popular en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna. “Estamos ante otra estrategia burda de Tomás Gómez [secretario general del PSM], una cortina de humo en la que no vamos a entrar”, concluye.

El PSOE ha pedido precisamente esta semana en el Congreso de los Diputados la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y que sus restos sean enterrados donde decida la familia “o en el lugar que resulte más adecuado”. El parlamentario Odón Elorza apunta, además, que se exhume el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y deje de ocupar “un sitio preeminente en la basílica en el que destaque sobre las demás víctimas”. El diputado socialista propone que el recinto deje de ser “un espacio exclusivo” de homenaje” a las víctimas del bando vencedor y que se convierta en un espacio “de dignificación, honor y homenaje a todas las víctimas” del conflicto y la represión posterior para convertirse en un memorial por la reconciliación y la concordia.

IU registró el pasado 23 de septiembre, un mes antes que el PSM, una Proposición No de Ley prácticamente idéntica en sus peticiones a la presentada por los socialistas madrileños. El diputado regional Mauricio Valiente planteaba, además, que el Parlamento autonómico denunciara “el papel jugado por buena parte de las oligarquías agraria, industrial y financiera y la jerarquía de la Iglesia católica con su apoyo” al régimen franquista. La Mesa de la Asamblea detuvo la iniciativa, al igual que otras preguntas presentadas para su contestación oral en pleno y comisión alegando que la Memoria Histórica es competencia estatal.

La formación de Eddy Sánchez también ha registrado, sin que sean aceptadas, preguntas sobre el mercadillo de merchandising de parafernalia fascista en que derivó lo que en teoría era una feria de objetos militares en un colegio público en Quijorna. Tampoco han salido adelante cuestiones relativas a la actividad de grupos de extrema derecha en el área de Alpedrete o referentes a las declaraciones del alcalde de Leganés, Jesús Gómez (PP), que a mediados de octubre amenazó con mandar “cabezas” rapadas a la caseta del PSOE en una conversación con un concejal de ese partido en Twitter. La Mesa de la Cámara autonómica justifica para no admitirlas que se tratan de temas de seguridad y que, por tanto, competen a la Delegación del Gobierno.