El Supremo confirma la condena a dos inspectores de la policía en Málaga

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos exmandos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía (Udyco) en la provincia de Málaga por distintas irregularidades en el ejercicio de su trabajo y por apoderarse de objetos. El que fue inspector de la Udyco en Marbella Carlos F. fue penado por la Audiencia Provincial en julio de 2012 a nueve años de prisión, 16 de inhabilitación y multa por varios delitos de malversación de efectos públicos, quebrantamiento de condena y contra la libertad individual. Alfredo M., que fue inspector jefe de la Udyco Costa del Sol, fue condenado a seis meses de prisión, multa y dos años y medio de suspensión de empleo por el mismo tipo de malversación. El alto tribunal también ha ratificado los tres años de cárcel impuestos a una tercera persona.

Los hechos se engloban en una investigación de la unidad de Asuntos Internos. Según la sentencia, Carlos F. "decidió adueñarse" de un reloj de gama alta, valorado en 20.000 euros, en el transcurso de una operación en la que un narcotraficante fue detenido por la fuerza en mayo de 2004. El agente negó en un primer momento la existencia de este objeto, aunque luego "optó por devolverlo" y refirió que lo había encontrado en el registro de un coche que había en las dependencias policiales, versión que el tribunal no consideró "verosímil".

Otras de las supuestas irregularidades ratificadas ahora por el Supremo, cometidas en 2005, fueron dejar en libertad a un presunto narco para que le sirviera de confidente (es el tercer condenado de este caso) y provocar una falsa operación antidroga con la colaboración de esta persona.

Respecto a Alfredo M., el tribunal consideró probado que se quedó durante un mes y medio con un televisor de plasma procedente de una operación contra la salud pública.

En los recursos que han sido desestimados, las defensas pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se sustentó la investigación. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera, sin embargo, que esta medida se aplicó de forma "correcta" y que las intervenciones estaban justificadas en unos hechos "de enorme gravedad al vincularse a un supuesto de corrupción policial" que salpicaba al principal implicado.