Los Mossos multaron cinco veces a Adriana, la prostituta que se suicidó

A Adriana D. la multaron los Mossos d’Esquadra por ejercer la prostitución. Al menos cinco veces, los agentes se acercaron al arcén de la C-58 en el que se prostituía, le pidieron su documentación y la sancionaron por ofrecer servicios sexuales en la carretera. Adriana se suicidó el pasado 23 de septiembre, tirándose por el puente que tenía a escasos metros de donde plantaba a diario la silla de plástico. Su marido la prostituía desde los 16 años. Nadie ni nada en su entorno logró sacarla de la explotación sexual a la que era sometida. Tampoco la administración lo detectó a tiempo, a pesar de las cinco multas de los policías que se pararon frente a su silla de plástico.

Desde el verano de 2012 los Mossos d’Esquadra sancionan a las mujeres que venden su cuerpo en los arcenes de las carreteras catalanas y estatales. La normativa es fruto de una modificación de la ley de Carreteras que impulsó el entonces consejero de Interior, Felip Puig. Incluyó un nuevo apartado en el artículo 56, el K, que tipificaba como una falta grave ofrecer servicios sexuales en los arcenes, castigado con multas de hasta 30.000 euros.

Los diferentes expedientes de Adriana constan en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Las multas se le impusieron los pasados 25, 14 y 1 de febrero, el 12 de noviembre del año pasado y consta además otra multa más en la que no se especifica la fecha del expediente. Todas las sanciones se publican en el DOGC porque Interior no ha logrado otra forma de notificarle la multa.

Las multas empeoran la situación de las víctimas de trata, según las ONG

Estos son los expedientes que constan en el diario oficial, aunque podría haber más, en el caso de que Adriana sí hubiese pagado alguna de las multas. Interior declinó ayer dar ningún detalle sobre las sanciones, ni confirmar si hay más multas contra la mujer, alegando que son datos personales.

Desde que Puig aprobase la normativa para limpiar la prostitución de las carreteras catalanas, los Mossos han impuesto 1.061 multas. De estas, la mayoría son a mujeres, y solo se han cobrado 30, impuestas a los clientes, con las que han recaudado unos 60.000 euros. Desde entonces, insiste Interior, hay un 60 por ciento menos de mujeres en las carreteras. Aunque muchas han dejado la Nacional II porque se restringió el paso a los camiones, y otras muchas cumplen el pacto tácito que hay con la policía catalana de adentrarse unos 50 metros, para que no se las vea. “Es hipocresía política. Se preocupan por multarlas, pero no de saber si necesitan ayuda”, aseguran fuentes policiales que se dedican a luchar contra los grupos que explotan sexualmente a mujeres. “Las prostitutas callejeras son marginadas por todo el mundo, por sus proxenetas, por sus clientes y por otras mujeres que ejercen la prostitución en clubes que las consideran inferiores. Multarlas las margina y las victimiza más”, afirman esas mismas fuentes.

Adriana formaba parte de un grupo de 200 mujeres que fueron explotadas sexualmente por un mismo clan de proxenetas. La semana pasada, la policía informó de su desarticulación y de la detención, entre otros, del marido de Adriana. Ella llevaba desde los 16 casada con él y tenían un hijo de cuatro años en común. Pero la operación policial no llegó a tiempo, Adriana se suicidó antes.

Las ONG que trabajan en el mundo de la prostitución y la explotación sexual están mayoritariamente en contra de las multas como una forma de atajar el problema. El caso de Adriana sirve para constatar que ni siquiera sirvió para que dejase de ponerse en su silla de plástico, junto al puente por el que se tiró. Tampoco para detectar que estaba siendo explotada sexualmente.

“Estamos hablando de un caso grave de revictimización, significa que algo está fallando”, lamenta Rosa María Cendón, de la entidad religiosa SICAR. “Multar es una manera de invisibilizar a las mujeres, a no ser que vaya acompañado de recursos y esfuerzos hacia lo que significa la prostitución y la explotación sexual”, añade. Las sanciones en las carreteras las imponen agentes de tráfico que se dedican en exclusiva a ello, pero que, según fuentes policiales de esta área, no han recibido ninguna formación específica sobre la trata con fines de explotación sexual.

"Es muy poco ético que una sociedad priorice una cuestión de visibilidad, usando la excusa de la seguridad vial... Además, no coinciden los puntos negros con las zonas de prostitución. Nos parece una auténtica barbaridad”, se queja Clarisa Velocci, de la asociación Genera. “Que [Adriana] haya sido multada, en nada ha ayudado a su situación, la ha empeorado. Ha recibido presiones de la policía por un lado, y de sus torturadores por otro”, añade. Velocci cree que “si se comprueba que esta chica es víctima de trata, se podrían incluso estar violando todos los tratados internacionales, y el Estado podría acabar siendo juzgado”.

Interior admite que las sanciones no sirven para solucionar la problemática

“Es nefasto, solo provoca más precariedad, más persecución a todos los niveles”, se suma Mercè Meroño, de Àmbit Prevenció. Asegura que a la administración le cuesta “incorporar la idea que los métodos punitivos no llevan a ningún sitio, solo aumentan la deuda” que algunas mujeres contraen con sus explotadores. “Si el éxito para ellos es que no se ven las mujeres, entonces está claro, que continúen con esta acción. ¿Pero es prioritario? No vamos bien si es aquí donde ponemos el acento”, concluye.

Todas las asociaciones coinciden en la dificultad de que las víctimas confíen en el policía que las multa. Rocío Nieto, de APRAMP, aboga por las unidades de rescate, en las que participan mujeres, que han sido explotadas y que han logrado escapar. Nieto sostiene que el objetivo ha de ser “romper las redes” de explotación, no sancionar. Interior esgrime que la ley de carreteras ha tenido un efecto positivo, reduciendo el número de mujeres en las carreteras. El actual consejero, Ramon Espadaler, mantiene en vigor la medida, aunque tras hacerse público el número de multas, admitió que no es la solución para la problemática de la prostitución.

Adriana ya fue detectada en 2010 en una investigación como posible víctima de explotación sexual, pero entonces se negó a declarar: su marido era su presunto proxeneta.