La policía que quería ser modélica

Las imágenes son estremecedoras, pero el audio aún lo es más. El video que recoge el momento en que ocho agentes de los Mossos d'Esquadra reducen al empresario Juan Andrés Benítez, de 50 años, muestra con nitidez cómo, repetidamente y en diferentes momentos, los agentes propinan puñetazos y patadas al detenido cuando este está ya exhausto y reducido en el suelo. Pero lo que resulta sobrecogedor son los gritos ahogados que emergen de entre la masa de uniformes que le cubren y que ahora sabemos que eran lamentos agónicos. El detenido salió de allí inconsciente y murió poco después.

Es el último episodio de brutalidad en el que se ha visto involucrada la policía autonómica y debería ser la gota que colme el vaso, porque los Mossos d'Esquadra han sido ya objeto de controversia en demasiadas ocasiones. Sorprende que una policía de nuevo cuño, creada en democracia y con pretensiones de modernidad, que quiso incluso presentarse como modélica, se esté convirtiendo en un ejemplo de ejercicio autoritario, en el que con frecuencia se traspasa la línea roja que separa el uso legítimo de la fuerza del abuso policial.

Mientras la justicia abría la investigación por la muerte del empresario, la Audiencia de Barcelona confirmaba la condena a otro mosso por un incidente muy parecido, aunque por suerte sin el trágico desenlace, juzgado también gracias a un video grabado por un vecino. Del análisis de los casos que han llegado a juicio emerge un patrón de conducta con dos elementos: una desproporción entre la fuerza aplicada y el peligro que se trataba de afrontar, y una gestión del escándalo por parte de los mandos prepotente y encubridora. La desproporción ha sido observada tanto en episodios de control del orden público en la calle como en operaciones rutinarias de persecución de la delincuencia. En el caso del empresario fallecido, los agentes le redujeron y golpearon con saña cuando ya había terminado la pelea que había protagonizado. Estaba excitado, pero no iba armado y tampoco representaba un peligro para los demás. ¿Por qué entonces tanta violencia?

La autocontención debe ser el rasgo definitorio de aquellos a quienes confiamos la potestad de administrar la fuerza del Estado. Y este caso, es evidente que hay problemas de autocontrol, aunque no solo. En su momento se advirtió que la falta de aspirantes había obligado a rebajar los requisitos de acceso, y que eso podía dificultar la selección de los perfiles más adecuados. En todo caso, esas posibles carencias deberían subsnarse con formación.

Pero tan importante como la preparación de los agentes, es la actitud y las directrices que emanan de los mandos políticos. Todas las instituciones, y muy especialmente las de estructura vertical y cerrada, tienden a desarrollar una cultura interna que impregna sus actuaciones. La que emerge de los Mossos resulta sumamente inquietante: la gestión que se ha hecho de los incidentes en que se han visto involucrados contribuye a una percepción de impunidad en el interior del propio cuerpo.

Quienes ejercen la autoridad policial gozan en principio de la mayor presunción de veracidad. Y sin embargo, en demasiadas ocasiones las versiones que han ofrecido los responsables de los Mossos han resultado ser falsas o erróneas. Hasta cinco versiones distintas se han dado de su actuación en el incidente en el que perdió un ojo Ester Quintana en la manifestación de la huelga general del 14N. Después de sostener que no se habían utilizado balas de goma y que ni siquiera había policía en ese lugar, un vídeo desmintió la versión oficial. Lo mismo sucedió con el incidente en el que resultó herido un chico de 13 años en Tarragona y otro video ha puesto ahora en evidencia la falsedad del atestado policial que se redactó sobre la detención del empresario. No solo se cometen los abusos, sino que luego se niegan de forma prepotente. El desprecio con el que ha sido tratada Ester Quintana es una afrenta a toda la ciudadanía.

De forma sistemática, los actuales mandos de los Mossos han confundido el legítimo derecho a la defensa y a no declarar contra sí mismos que asiste a los agentes imputados, con una actitud encubridora que en ocasiones ha bordeado la obstrucción a la justicia. La falta de colaboración a la hora de identificar a los agentes involucrados en uno de los casos llevó al juez a imputar a los mandos. Vistos los antecedentes, a nadie le ha extrañado que la juez que investiga la muerte del empresario haya encargado la investigación a otro cuerpo de policía.

La frecuencia con la que la versión oficial ha sido desmentida resulta insostenible. Porque, o bien obedece a una estrategia deliberada de los responsables políticos, lo que sería muy grave, o estos han sido engañados, lo que no lo sería menos, porque significaría que la autoridad democrática no ejerce un verdadero control sobre el cuerpo. Que los mandos intermedios se atrevan a engañar o a negar información sobre lo ocurrido a la autoridad superior revela la existencia de un corporativismo crecido que escapa al control democrático. Y eso es algo que el consejero de Interior no puede permitir.