La capital pende de los juzgados

Cuatro sumarios por corrupción; 10 de los 13 miembros del gobierno imputados; un alcalde, Gerardo Conde Roa, condenado a dos años de cárcel por fraude fiscal; su sustituto, Ángel Currás, imputado en otra causa, y un edil, Albino Vázquez Aldrey, dimitido tras pagar la fianza para evitar la cárcel. En apenas dos años y medio de legislatura el escándalo se ha instalado en el Pazo de Raxoi y mantiene atenazado al gobierno de la capital de Galicia. Su portavoz, María Pardo, aludió tras la última imputación colectiva —siete ediles, todos los de la Junta de Gobierno— a una “persecución política” y la junta de jueces de Santiago respondió con un durísimo comunicado en defensa de Ana López Suevos, titular del Juzgado número 1 de Instrucción de la ciudad, responsable de dos de las causas. La oposición de PSdeG y BNG exige la dimisión del alcalde y habla de un “gobierno fallido”.

 Pero también los socialistas del grupo municipal viven pendientes de su propio sumario: el hombre fuerte del partido y concejal de Obras en el anterior Gobierno, Bernardino Rama, está imputado en la Operación Manga, que indaga sobre un supuesto amaño de contratos en el Ejecutivo del PP y el anterior bipartito. Y hay quien teme en el PSdeG que la juez de Lugo, Pilar de Lara, pueda involucrar a otros miembros de aquella coalición, al tiempo que lamentan “la tibieza” de la crítica de sus concejales al PP. Los tres partidos de la corporación asumen —y así lo pronostican los sondeos— una irrupción triunfal de la coalición de Beiras y Esquerda Unida en las próximas municipales. Pocos escenarios más propicios para explotar el discurso antisistema que una ciudad donde el gobierno en pleno se ha abonado a la crónica de sucesos.

El PSOE tiene a su hombre fuerte imputado en otro sumario 

Entretanto, el Ayuntamiento gestiona como puede la burocracia cotidiana sin grandes proyectos a la vista. En primavera inaugurará un parque público (Finca do Espiño) con una inversión de 800.000 euros y se apuran también las excavaciones en una fortaleza medieval (el castillo de A Rocha) para abrirla a la ciudad con un presupuesto de otro medio millón. El resto de la gestión la monopoliza el día a día de las facturas, la recaudación y el asfaltado de media docena de calles.

Los funcionarios se han acostumbrado a ver a policías y guardias civiles salir de los despachos con expedientes y discos duros en los constantes registros que se repiten en la institución. Y la moral de los trabajadores empeora a cada nuevo tumbo del gobierno en los juzgados. El último, un rocambolesco episodio de un policía local incómodo para el PP que denunció una supuesta persecución de sus superiores. Las escuchas policiales evidencian un plan para expedientarlo mediante una denuncia telefónica falsa ideada por la exresponsable del área de seguridad María del Mar Hinojosa, una teniente de la Guardia Civil reclutada por Conde Roa para coordinar la policía local y protección civil. Hinojosa dimitió semanas después de que se destapase el caso. Cobraba un salario de 72.000 euros, superior al del alcalde y los concejales. Desde su cese, en mayo, el puesto (que se vendió como imprescindible cuando fue creado) sigue vacante. Junto al de Hinojosa, el gobierno municipal ideó otros tres altos cargos con un coste anual de más de 90.000 euros (cada uno) para las arcas municipales. Hubo fichajes en Urbanismo, Servicios Económicos y para Personal y Contratación.

Los ediles del PP se quejan del "urbanismo ruinoso que dejó en herencia el bipartito"

Esa es la tónica habitual desde la llegada del PP al gobierno: designar altos cargos no electos para ocupar áreas clave del Ayuntamiento. Esa filosofía de Conde Roa se extiende a medida que se agudizan los problemas judiciales. El ejecutivo local ha removido de sus puestos a los técnicos responsables del control de las cuentas y la legalidad. En una decisión sin precedentes en la vida municipal gallega se cambió al secretario del Ayuntamiento, que llevaba 21 años en el puesto. Su sustituto aparece citado en unas escuchas telefónicas por un concejal como el técnico que recomendó el procedimiento para tramitar una denuncia falsa contra un policía municipal. El sumario todavía lo instruye el juzgado.

Por el puesto de interventor municipal han pasado en estos dos años tres personas distintas. Mientras, los dos titulares de las plazas de secretario e interventor cuentan las horas en despachos municipales sin ningún cometido asignado. No son de la cuerda del gobierno de Currás, como tampoco la fueron de Conde Roa, y han sido relegados. Según declaró la interventora en un juicio en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia esta semana, durante 2013 se le ha encomendado un único expediente y ni siquiera aparece en la última relación de puestos de trabajo del área económica.

Conde Roa y Currás ficharon  altos cargos con sueldos de 72.000 euros

Al tiempo que llegan altos cargos con salarios de 72.000 euros anuales y mientras algunos funcionarios habilitados nacionales con sueldos de 60.000 euros siguen mano sobre mano, las plantillas de la policía municipal y los bomberos, por poner dos ejemplos, se desangran. Entre ambas, solo desde 2010, han perdido medio centenar de agentes que intentan suplirse a base de horas extraordinarias. Los sindicatos reconocen que los trabajadores públicos del Ayuntamiento han perdido el respeto por sus gobernantes. “Se hace muy difícil mirarles a la cara, hemos perdido la confianza en ellos. No hay directrices políticas ni dirección, se funciona por pura rutina”, asegura Antón Barba, presidente de la Junta de Personal. El diagnóstico que hace su compañero de la CIG Xabier Picón es igualmente demoledor: “Tanto como las imputaciones pesa la falta de directrices y de criterio. La justicia está haciendo su trabajo y los sumarios deben seguir su curso, pero aquí lo que hay es falta de gestión. Todo se improvisa. Y es bastante incongruente: se hacen recortes en personal, pero se crean altos cargos con gasto superfluo”.

“La administración está paralizada y no porque los funcionarios hayamos bajado los brazos pero sí es cierto que lo miramos todo mil veces antes de firmar. Y nunca avalamos algo dudoso. Los políticos no toman decisiones y lo que hacen es contratar directores de área que no conocen la institución y tardan meses en aterrizar y ubicarse en el Ayuntamiento. Una de ellas ejercía como directora de área desde casa porque se le permitió el teletrabajo, luego se puso de baja y no ha sido sustituido, señal de que no era tan necesaria. Esas cosas también desmoralizan porque no se fían de sus funcionarios”, apunta un trabajador con dos décadas de experiencia en la casa. “Se compromete poco gasto, nunca hubo tanto dinero en caja porque no hay proyectos nuevos y da la impresión de un gobierno atenazado que no se atreve a afrontar iniciativas. Y luego están esos sueldazos que nadie entiende. La mayoría de nosotros damos al gobierno por amortizado, aunque el PP gane las elecciones, este equipo no repetirá”, apunta otro funcionario.

Ha sido el primer gobierno de  Galicia en apartar a un secretario municipal y cambiar a dos interventores 

Puertas adentro, también en el gobierno cunde el pesimismo. Los concejales consideran una injusticia la última imputación múltiple. Dicen que se limitaron a seguir el informe del secretario municipal para abonar con dinero público los gastos de defensa de su compañero Adrián Varela. “Y por eso no puede haber prevaricación”, alegan. Hacia fuera, todos cierran filas. La teniente de alcalde Amelia González asegura que el Ayuntamiento trabaja “más que nunca porque además de sacar adelante el día a día, el gobierno debe cargar con la herencia recibida: fallos judiciales contra anteriores proyectos urbanísticos que costarán millones a las arcas públicas. Son esas sentencias de las que nadie habla”, se queja esta concejal.