Ingeniería jurídica en Alhaurín

La vida municipal de Alhaurín El Grande (Málaga, 24.074 habitantes) vivió uno de sus últimos sobresaltos el pasado lunes, cuando el edil Gregorio Guerra, que está condenado en firme a un año de suspensión por el caso Troya, se presentó como si nada a un consejo rector de un organismo local ante la mirada atónita de los grupos de la oposición. En realidad, podía estar allí, pero el desconcierto surgió entre los concejales de PSOE e IU porque pensaban que tanto Guerra como el alcalde, Juan Martín Serón, que se han dado de baja del PP tras la sentencia, habían empezado a cumplir la pena por un delito de cohecho. No es así. El procedimiento para ejecutar la sentencia requiere su tiempo y aún no se ha iniciado.

A Martín Serón le interesa que el periodo de suspensión comience a descontar lo antes posible, porque su reincorporación debe producirse dentro del mismo mandato en el que fue elegido, antes de las próximas elecciones municipales (mayo 2015). Ya ha dicho que volverá, aunque sea para “tomar posesión por unos días”. Pero el mecanismo para intentar que el reloj corra antes de que el tribunal ejecute la pena se ha topado con alguna traba y solo ha causado confusiones.

La sentencia que ha confirmado la condena a Martín Serón y a Guerra por exigir 122.000 euros a un promotor a cambio de una licencia de obras (un año de suspensión para cargo público y 200.000 euros de multa) se notificó el ocho de octubre. A partir de ese momento, el Supremo tiene que devolver las actuaciones al tribunal de la Audiencia de Málaga que los juzgó y condenó, que será el encargado de iniciar la ejecución de la sentencia. Algunos juristas consultados estiman que mientras llega el expediente y se inicia y culmina el trámite pueden pasar algunos meses.

Este sería el proceso natural, pero los tiempos pretenden acelerarse y derivan en líos políticos y jurídicos. Lo único claro es que ni el alcalde ni el concejal piensan dimitir, como les exige la oposición. El propio Martín Serón ha contribuido al desorden. Lo primero que dijo es que en breve convocaría un pleno para apartarse del Ayuntamiento (con la pena de suspensión pierde sus funciones, aunque no su condición de alcalde), pero después optó por retirarse vía decreto. El 15 de octubre se despidió de sus vecinos junto a la que será su sucesora (ya ejerce como tal), Antonia Ledesma, en un acto en el que arremetió contra la sentencia y al que asistió el vicesecretario del PP en Málaga, Francisco Oblaré, y otros cargos provinciales a pesar de que el partido intenta desentenderse del alcalde después de años apoyándolo contra viento y marea. Ledesma es presidenta local de los populares y diputada provincial.

Pero Martín Serón no ha empezado a cumplir su año de suspensión. El 18 de octubre firmó un decreto en el que delega las competencias en Ledesma durante 10 días, un documento que causó aún más confusión y que llevó al coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, a pedir por carta al subdelegado del Gobierno que “vele por la legalidad” en Alhaurín El Grande. La alcaldesa accidental justificó ese escrito en la necesidad de resolver unas cuestiones jurídicas y en el deseo de Martín Serón de “autoapartarse” ya.

Fuentes cercanas al regidor explican que, llegado el momento, esos días pueden descontar de la pena, aunque la decisión será del tribunal que ejecuta la sentencia. El alcalde también podría dirigirse a la Sala para comunicarle que ha empezado a cumplir su condena, aunque necesitaría una certificación de la secretaría del Consistorio y en ese proceso habrían surgido dudas sobre cómo cumplimentar el trámite.

“¿Va a estar firmando un decreto detrás de otro?”, se pregunta la portavoz municipal de IU, Teresa Sánchez, que precisa que la continuidad de los dos cargos públicos puede ser legal, pero también “inaceptable e inmoral”. Para el secretario de Política Municipal del PSOE-A y portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, los ediles deben dimitir y “quien debe exigirlo es el PP”. La dirección provincial de los populares rehúsa hacer más comentarios sobre el asunto alegando que Martín Serón ya no es militante del partido. Se limita a decir que confía “en la capacidad” de Ledesma para asumir la alcaldía cuando se resuelva el trámite judicial.

El caso Troya ha estado inmerso en el espectáculo desde el principio. Lo estuvo la detención del alcalde, arrestado en enero de 2007 después de asistir en Marbella a una comida-mitin con Mariano Rajoy; también las declaraciones que rodearon la instrucción y el juicio; y lo está la forma de empezar a cumplir la condena.