caso troya

Ingeniería jurídica en Alhaurín

El mecanismo para que el alcalde, Juan Martín Serón, cumpla un año de suspensión antes de que se ejecute su condena por cohecho trastoca la vida municipal

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, saliendo de los juzgados de Coín en 2007 tras su detención.
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, saliendo de los juzgados de Coín en 2007 tras su detención. julián rojas

La vida municipal de Alhaurín El Grande (Málaga, 24.074 habitantes) vivió uno de sus últimos sobresaltos el pasado lunes, cuando el edil Gregorio Guerra, que está condenado en firme a un año de suspensión por el caso Troya, se presentó como si nada a un consejo rector de un organismo local ante la mirada atónita de los grupos de la oposición. En realidad, podía estar allí, pero el desconcierto surgió entre los concejales de PSOE e IU porque pensaban que tanto Guerra como el alcalde, Juan Martín Serón, que se han dado de baja del PP tras la sentencia, habían empezado a cumplir la pena por un delito de cohecho. No es así. El procedimiento para ejecutar la sentencia requiere su tiempo y aún no se ha iniciado.

A Martín Serón le interesa que el periodo de suspensión comience a descontar lo antes posible, porque su reincorporación debe producirse dentro del mismo mandato en el que fue elegido, antes de las próximas elecciones municipales (mayo 2015). Ya ha dicho que volverá, aunque sea para “tomar posesión por unos días”. Pero el mecanismo para intentar que el reloj corra antes de que el tribunal ejecute la pena se ha topado con alguna traba y solo ha causado confusiones.

La sentencia que ha confirmado la condena a Martín Serón y a Guerra por exigir 122.000 euros a un promotor a cambio de una licencia de obras (un año de suspensión para cargo público y 200.000 euros de multa) se notificó el ocho de octubre. A partir de ese momento, el Supremo tiene que devolver las actuaciones al tribunal de la Audiencia de Málaga que los juzgó y condenó, que será el encargado de iniciar la ejecución de la sentencia. Algunos juristas consultados estiman que mientras llega el expediente y se inicia y culmina el trámite pueden pasar algunos meses.

Este sería el proceso natural, pero los tiempos pretenden acelerarse y derivan en líos políticos y jurídicos. Lo único claro es que ni el alcalde ni el concejal piensan dimitir, como les exige la oposición. El propio Martín Serón ha contribuido al desorden. Lo primero que dijo es que en breve convocaría un pleno para apartarse del Ayuntamiento (con la pena de suspensión pierde sus funciones, aunque no su condición de alcalde), pero después optó por retirarse vía decreto. El 15 de octubre se despidió de sus vecinos junto a la que será su sucesora (ya ejerce como tal), Antonia Ledesma, en un acto en el que arremetió contra la sentencia y al que asistió el vicesecretario del PP en Málaga, Francisco Oblaré, y otros cargos provinciales a pesar de que el partido intenta desentenderse del alcalde después de años apoyándolo contra viento y marea. Ledesma es presidenta local de los populares y diputada provincial.

Pero Martín Serón no ha empezado a cumplir su año de suspensión. El 18 de octubre firmó un decreto en el que delega las competencias en Ledesma durante 10 días, un documento que causó aún más confusión y que llevó al coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, a pedir por carta al subdelegado del Gobierno que “vele por la legalidad” en Alhaurín El Grande. La alcaldesa accidental justificó ese escrito en la necesidad de resolver unas cuestiones jurídicas y en el deseo de Martín Serón de “autoapartarse” ya.

Fuentes cercanas al regidor explican que, llegado el momento, esos días pueden descontar de la pena, aunque la decisión será del tribunal que ejecuta la sentencia. El alcalde también podría dirigirse a la Sala para comunicarle que ha empezado a cumplir su condena, aunque necesitaría una certificación de la secretaría del Consistorio y en ese proceso habrían surgido dudas sobre cómo cumplimentar el trámite.

“¿Va a estar firmando un decreto detrás de otro?”, se pregunta la portavoz municipal de IU, Teresa Sánchez, que precisa que la continuidad de los dos cargos públicos puede ser legal, pero también “inaceptable e inmoral”. Para el secretario de Política Municipal del PSOE-A y portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, los ediles deben dimitir y “quien debe exigirlo es el PP”. La dirección provincial de los populares rehúsa hacer más comentarios sobre el asunto alegando que Martín Serón ya no es militante del partido. Se limita a decir que confía “en la capacidad” de Ledesma para asumir la alcaldía cuando se resuelva el trámite judicial.

El caso Troya ha estado inmerso en el espectáculo desde el principio. Lo estuvo la detención del alcalde, arrestado en enero de 2007 después de asistir en Marbella a una comida-mitin con Mariano Rajoy; también las declaraciones que rodearon la instrucción y el juicio; y lo está la forma de empezar a cumplir la condena.

Antonia Ledesma: "No seré una alcaldesa títere"

"No puedo ejercer de alcalde, aunque sigo siendo el alcalde", dijo Juan Martín Serón en el acto de despedida con sus vecinos. Con la pena de suspensión, un cargo público pierde sus funciones, pero no su condición, y el regidor de Alhaurín El Grande ya ha dicho que se reincorporará al Ayuntamiento cuando cumpla su condena. La situación hace pensar a los grupos de la oposición que continuará como dirigente "en la sombra". "No voy a ser una alcaldesa títere, y el tiempo lo demostrará", asegura Antonia Ledesma (PP), la persona que sustituirá al regidor. Defiende su "criterio" y su "capacidad de trabajo" y alude a un trabajo "común y en equipo" desarrollado durante años. "Eso no quita que si tengo que consultarle algo (a Martín Serón), lo haga, porque es un gran gestor", añade. "No lo dudo, si piensa volver el año que viene, no se va a quitar por completo de en medio", apunta la portavoz municipal de IU, Teresa Sánchez. Francisco Conejo, secretario de Política Municipal del PSOE-A, no tiene dudas de que Ledesma "será una alcaldesa títere". Los socialistas consideran que tanto Martín Serón como el concejal Gregorio Guerra incumplen la ley electoral por no presentar su dimisión pese a la condena por cohecho, y así consta en un escrito dirigido a la alcaldesa accidental en el que piden la convocatoria de un pleno para declarar "la incompatibilidad" de ambos cargos públicos para continuar en la Corporación municipal. El PSOE compara el caso de Alhaurín El Grande con el de Pedro Pacheco en Jerez de la Frontera. El pleno de esta ciudad, con mayoría absoluta del PP, quitó en junio el acta de concejal al exalcalde tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación, pese a que la sentencia no era firme. El PSOE, que ha llevado este supuesto incumplimiento legal a la fiscalía, insta al PP a actuar en el municipio malagueño igual que lo hizo en Jerez. "Si quiere echarlos, el PP tiene instrumentos", añade Francisco Conejo.

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