6.000 firmas para pedir el indulto del exalcalde de Guillena
El exregidor ha ingresado en prisión por permitir a un alguacil ejercer de policía
Los familiares y amigos del exalcalde de Guillena (Sevilla) Justo Padilla, del PSOE, una figura histórica en este municipio, del que fue alcalde casi 30 años, han entregado en el Ministerio de Justicia 6.028 firmas reclamando su indulto “total o parcial”. Hace justo una semana Justo Padilla ingresó en prisión para cumplir la condena de 18 meses de cárcel que le fue impuesta por permitir que un alguacil del Ayuntamiento ejerciera durante tres años como policía local.
En diciembre de 2012, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó a Justo Padilla, a dos responsables de la Policía Local y al alguacil por permitir que este último ejerciese tres años como policía local.
En la sentencia, el Supremo les condena a todos a 18 meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo tiempo, a cuenta de un delito de usurpación de funciones públicas.
El Supremo consideraba probado que F.L.O., quien ocupaba una plaza de alguacil en el Ayuntamiento de Guillena desde 1978, ejerció “labores propias y exclusivas” de la Policía Local entre 2004 y 2007 “careciendo de nombramiento y cualificación para ello”.
Policía Local
Estos hechos, según el Supremo, “eran conocidos y se desarrollaban con el consentimiento” tanto de Justo Padilla, que como alcalde de Guillena “conocía y permitió la actuación como policía local” del imputado, como de los otros dos acusados.
En el recurso contra la sentencia de la Audiencia, el alcalde reconocía que “ante la escasez de plantilla y enorme aumento de tareas administrativas”, el alguacil pudo “realizar en alguna ocasión y muy puntualmente tareas que podrían considerarse correspondientes a la Policía Local”, pero que él “ni conocía ni consentía esos comportamientos”.
Justo Padilla negaba en el recurso que conociera la intervención del imputado en atestados, sus comparecencias en los juzgados, o que empleara un vehículo oficial para patrullar.
Esta condena se sumaba a la dictada en junio de 2010 por un juzgado de Sevilla que condenó al exalcalde al pago de una multa de 3.000 euros y a nueve años y seis meses de inhabilitación por conceder licencias urbanísticas en zona verde.
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