El juez advierte que los imputados en Gürtel afrontan serias penas de cárcel

Son adjudicaciones de baja cuantía. Algunas apenas superan los 24.000 euros. Pero pueden conllevar penas de hasta ocho años de prisión para quienes se las concedieron a Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama Gürtel, según advierte en un reciente auto el juez José Ceres. La cuestión tiene trascendencia porque por esa contratación irregular, que se repitió a lo largo y ancho de la Generalitat durante la etapa del expresidente Francisco Camps, hay decenas de imputados. Entre ellos dos exconsejeros —Alicia de Miguel y Manuel Cervera— y el actual alcalde de Castellón, Alfonso Bataller.

El magistrado no había concretado hasta ahora en ninguna resolución qué consecuencias penales podían tener la aparente —y masiva— contratación desde numerosos departamentos del Gobierno valenciano con las empresas de la trama Gürtel infringiendo, según abundantes indicios, las leyes que velan por la imparcialidad de la Administración ante las empresas. El juez las concreta en una resolución en la que rechaza retirar las imputaciones de dos implicados: Paula de Cubas, que ha sido jefa de prensa de distintos consejeros, y Juan Miguel Bellver, ex director de la empresa pública Vaersa.

Los razonamientos jurídicos que emplea el magistrado son extensibles, sin embargo, a la mayoría de imputados. El juez instructor considera que los contratos, que entre otros elementos irregulares fueron troceados para poder concedérselas así a dedo a la red corrupta, presentan indicios “no solamente de tráfico de influencias, sino también y en su caso de un delito de prevaricación y de falsedad en documento oficial”.

El alcalde de Castellón es uno de los imputados en esta pieza separada

Sumados, los tres delitos que el juez apunta un año después de hacerse cargo de esta parte de la investigación de Gürtel, una de las seis piezas separadas que se instruyen en Valencia, pueden acarrear penas de hasta ocho años de prisión e inhabilitaciones para cargo o empleo público de más de una década.

La investigación iniciada en la Audiencia Nacional se centró en 76 contratos, aunque durante la instrucción se han descubierto algunos más. Los mismos fueron adjudicados directamente a Orange Market, la empresa que organizaba los actos y las campañas electorales del PP, y otras empresas de la trama desde Presidencia de la Generalitat, Vicepresidencia, Consejería de Justicia, Territorio, Infraestructuras, Turismo, Educación y Cultura, Bienestar Social, Sanidad y diversas empresas, fundaciones y otras entidades de la Generalitat. En total superaban los 1,3 millones de euros.

Adjudicaciones de mayor cuantía, como fue el diseño y montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur, por cinco millones, han sido investigadas en otra pieza separada cuyo juicio se espera para los próximos meses.

Los exconsejeros De Miguel y Cervera también están implicados

El juez Ceres desvela en su último auto algunas de las trampas en las que la Generalitat incurrió supuestamente para beneficiar a las empresas de la red. “Puede inferirse la existencia de presuntas anomalías reiteradas y relevantes en el procedimiento de contratación realizado con Orange Market relativas a la selección de las empresas, a las ofertas realizadas y a su debido registro, a la inexistencia de actas de apertura de las ofertas, a su publicidad y transparencia, a la inexistencia del pliego de cláusulas administrativas, inespecificación en el informe técnico de los criterios de adjudicación y falta de experiencia profesional de la adjudicataria”.

Y menciona ejemplos palmarios concretos. Como el hecho de que en la contratación de la empresa pública Vaersa a Orange Market para la elaboración de un vídeo se pretendió disimular la concesión ilegal “simulando la inexistente invitación” a otras dos empresas en una fecha posterior a la que, según el mismo expediente, ya se había adjudicado.