El juez cita a empleados de la fundación que tutelaba a los niños de Castelldans

El juez que instruye el presunto caso del pederastia de Castelldans (Garrigues) ha citado a declarar a diez trabajadores de la Fundación Concepció Juvanteny, entidad a la que el Departamento de Bienestar y Familia encargó el seguimiento y vigilancia de los 14 menores tutelados que el acusado, David Donet, tuvo acogidos en su casa desde 1997. Donet, de 47 años y educador social, fue detenido a finales de junio acusado de los delitos de abusos sexuales y posesión de pornografía infantil y se encuentra en prisión desde entonces. En ese momento convivía con tres adolescentes de 12, 15 y 17 años, que Bienestar y Familia trasladó a un centro de menores.

La comparecencia del personal de la Fundación Concepció Juvanteny, entre los que figuran sus responsables y técnicos, se ha fijado para el día 22 de noviembre y servirá para determinar la responsabilidad de esta entidad en los desajustes que se produjeron en el proceso de seguimiento de los menores. Los fallos impidieron detectar en los 34 controles realizados por los técnicos de la fundación los supuestos abusos que sufrieron varios niños durante los 16 años que estuvieron acogidos en casa del acusado. El juez instructor quiere saber cuántas personas intervinieron en el seguimiento, la periodicidad de los controles y el criterio seguido en los informes.

Bienestar y Familia todavía no ha presentado en el juzgado las conclusiones del expediente sancionador que abrió a esta fundación, la única entidad que colabora con el departamento en materia de acogidas múltiples, como las que se otorgaron a David Donet, que en un momento determinado llegó a tener ocho niños tutelados a la vez, tres de ellos con discapacidad intelectual.

La consejera Neus Munté dijo el viernes que la Generalitat sigue trabajando con la fundación y que el resultado de la investigación puede tardar en conocerse. Munté confirmó que el juez ha admitido la personación de su departamento como acusación particular en el proceso judicial, donde puede acabar siendo declarado responsable subsidiario si se demuestra que fallaron los mecanismos de control de la acogida.

Hasta la fecha, tres jóvenes, ahora mayores de edad, y la pareja de uno de ellos han denunciado al presunto pederasta por abusos y por haber sido grabados en su vivienda de Castelldans, que el abogado de las víctimas calificó de “casa de los horrores”, atendiendo a las fotografías e imágenes que presuntamente había tomado el acusado cuando abusaba de los niños acogidos.

Los supuestos abusos se produjeron en una habitación de la tercera planta de la casa, donde el detenido había instalado un sofisticado sistema de cámaras ocultas para grabar a los menores. La habitación permanecía siempre cerrada con llave y estaba equipada con cama de matrimonio, televisión e hilo musical. Incluso cuando ya eran adultos les ofrecía la posibilidad de mantener relaciones sexuales con sus parejas en dicha habitación, donde los continuaba grabando.

Francesc Sapena, abogado de la acusación particular, manifestó, una vez levantado el secreto del sumario, que las víctimas de este caso de pederastia, en la mayoría de los casos procedentes de familias desestructuradas, han sufrido un trauma al descubrir que la persona que las acogió en su casa y al que consideraban como un verdadero padre no era la persona que aparentaba, por lo que han necesitado asistencia psicológica. Al parecer, los niños nunca se contaron lo que les estaba sucediendo a cada uno en la casa, ya que el detenido fomentaba entre ellos un cierto grado de rivalidad para que no se tuvieran confianza. Una vez crecieron, callaron por vergüenza.