Una exdelegada de Almería se declara ajena a la malversación

La exdelegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería Sonia Rodríguez declaró este miércoles, ante la juez que instruye el caso Cheques, que estuvo “al margen y absolutamente ajena” a las presuntas irregularidades y malversaciones que se investigan en una cuenta bancaria de la Administración autonómica.

Rodríguez, imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos, afirmó que “ni por acción ni por omisión ni por consentimiento” estuvo implicada en las extracciones bancarias que se investigan.

“Vengo tranquila, pero consciente de que mi obligación y responsabilidad es colaborar porque, durante ese tiempo, se hicieron extracciones bancarias presuntamente irregulares en esa cuenta y tengo por tanto que dar las explicaciones oportunas”, aseguró en los juzgados.

En la denuncia presentada por la Junta de Andalucía, de la que se han derivado las diligencias previas que instruye el Juzgado número 1 de Almería, se recoge que durante el mandato del exdelegado Clemente García, quien ya prestó declaración en abril, se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros. Con su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, los movimientos alcanzaron unos 100.000 euros. Con el actual delegado, José Manuel Ortiz Bono, la cantidad ascendió a unos 40.000 euros.

Intento de personación

Rodríguez defendió que no interpuso denuncia en su momento porque fue “ajena” a esos movimientos, pero que intentó personarse en la causa. “La jueza no lo consideró oportuno entonces pero mi interés es aclararle todo lo que esté en mi mano con este asunto”, advirtió.

Rodríguez afirmó sentirse “engañada”, como el actual delegado José Manuel Ortiz Bono, quien declaró como perjudicado.

Según la investigación, de la cuenta investigada se retiraron “paulatinamente” cheques por cantidades inferiores a 3.000 euros para “burlar el control de la Agencia Tributaria” y muchas de las cantidades extraídas tuvieron lugar “el mismo día” y “a intervalos de escasos minutos” sin que en los cheques “se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica”. El proceso arrancó a raíz de una denuncia formulada el pasado 1 de febrero.