Un ex alto cargo implica a otro consejero de Camps en el ‘caso Blasco’

El que fuera subsecretario de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Alexandre Català, insiste en implicar en la causa por el millonario desvío de fondos al Tercer Mundo a otro consejero de la etapa del expresidente Francisco Camps. Catalá, que ocupó distintos altos cargos a las órdenes de Rafael Blasco, el diputado y supuesto director de la trama corrupta que esquilmaba las ayudas a la cooperación internacional, señala en su escrito de defensa a Jorge Cabré, extitular de Justicia y Bienestar Social y fiscal de carrera. Cabré fue, según Català, uno de los primeros redactores de un documento oficial plagado de falsedades que el Consell envió en 2010 a la Fiscalía Anticorrupción para intentar neutralizar la investigación, que por entonces apenas se había iniciado.

Alexandre Català, que será juzgado por los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación, afirma en su escrito de descargo que Cabré fue uno de los dos “redactores iniciales” del documento exculpatorio que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía remitió a la fiscalía para despejar las dudas que se cernían sobre la gestión de los fondos públicos. Dicho documento, remitido el 14 de octubre de 2010, resultó contener múltiples falsedades y manipulaciones respecto a los expedientes originales para tapar el fraude, según han concluido el ministerio público y la juez instructora. Constituye, además, la principal prueba contra Català por el delito de falsedad en documento oficial.

El ex alto cargo ha aportado a la causa una relación de correos electrónicos para demostrar sus afirmaciones, en el primero de los cuales el autor que figura es Jorge Cabré.

El Consell remitió a la fiscalía un documento exculpatorio del desvío de fondos plagado de falsedades

Català salpica al exconsejero y al letrado del departamento de Justicia Pablo Meléndez, e insta a que sean interrogados sobre “la persona que les hizo la encomienda de redacción [del documento remitido a Anticorrupción]; sobre quién les facilitó los documentos a adjuntar y quién les aportó la carcasa, idea o embrión de lo que se habría de redactar”. De ese modo, concluye Català, “podría revelarse de forma incontrovertible quién fue la persona que seleccionó y decidió aportar los documentos a adjuntar, incluidos los presuntamente alterados”.

El ex alto cargo, que se acoge a la tesis de que él solo envió un documento elaborado por otros, desliza la participación central del propio Blasco en la cadena de correos en la que se gestó el falso documento para la fiscalía.

Fue Blasco quien días antes “cursó” al ministerio público una primera versión “sintética” del mismo documento. Y fue de Blasco de quien Catalá recibió el documento definitivo que se envió a Anticorrupción el 14 de octubre de 2010, revela.

El ex alto cargo se queja de que pese a las pruebas aportadas la juez no ha citado a Cabré como testigo para que explique su participación en los hechos. Y solicita que declare en el juicio que se celebrará próximamente.

Català se queja de que a pesar de las pruebas aportadas el exconsejero, que ha vuelto a su puesto de fiscal, no ha sido interrogado

Catalá también pone en evidencia la errática actuación de la Abogacía de la Generalitat en la causa. Y, más en concreto, la línea que mantuvo, no solo en este caso, durante la era Camps, en la que funcionó como un rocoso baluarte contra la lluvia de acusaciones que empezaban a caer contra su Gobierno desde los tribunales, la fiscalía y otros organismos oficiales, como la Intervención General del Estado.

El tiempo ha ido borrando esa defensa y hoy son ya seis los consejeros de Camps imputados en casos de corrupción. El último de ellos, Manuel Cervera, extitular de Sanidad, lo está en el mismo caso, Gürtel, que su mujer, Arantxa Vallés, exgestora de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica. Y hay indicios de que no será el último, porque la fiscalía ha pedido imputar también al sucesor de Cervera al frente de Sanidad, Luis Rosado.

La Abogacía de la Generalitat, se lamenta Català, le asistió inicialmente en el caso Blasco como su defensa letrada. Y ahora pide para él 10 años, seis meses y dos días de cárcel.