El PP reclama a Díaz la destitución de los directivos de Invercaria

Atestado en mano, el PP ha reclamado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la destitución de los responsables de Invercaria (empresa pública dedicada al capital riesgo) y de la agencia Idea. Y lo ha hecho al amparo de ese documento policial en el que se refleja que la Administración invirtió 1,9 millones de euros en la fracasada aerolínea Ándalus a pesar de que presentaba “fuertes pérdidas” y que se tenía “casi total certeza” de que no se recuperaría lo invertido. Según el atestado, del que ya informó EL PAÍS el pasado jueves, la inversión atendía a “satisfacer posiciones estratégicas y políticas”. Ándalus es la segunda empresa (de unas 40) que el Grupo de Blanqueo de la Udyco investiga dentro del caso Invercaria. “Si la presidenta no toma medidas inmediatas, a lo mejor va a tener que salir huyendo también”, señala el secretario general del PP, Rafael Salas.

Tanto el caso de los ERE como el de Invercaria, en palabras del portavoz de Presupuestos del PP en el Parlamento, Rafael Carmona, tenían un procedimiento similar. “Se basaba en conceder dinero sin control ninguno y de manera discrecional, todo ello bajo el poder absoluto del PSOE. Ríos de dinero gastados incorrectamente”, apunta Carmona, tras criticar que Díaz pida constantemente, “siempre con una sonrisa en la boca”, que se agilice la instrucción del caso ERE para que no prescriban los delitos. “Díaz está preocupada por que la instrucción avance y se señale a todos sus colaboradores actuales. Habría que preguntarle si ha dado instrucciones para que los ex altos cargos de la Junta imputados se acojan a su derecho a no declarar”, pregunta el popular.

Además de solicitar a la presidenta un mayor compromiso contra la corrupción que vaya más allá “de las palabras”, los populares le han exigido que en los presupuestos de la comunidad para el próximo año se incluya una partida con los ingresos que prevé obtener de las expediente de reintegro que ha abierto la Administración para reclamar la devolución de las ayudas defraudadas. En el caso de los ERE, el PP cifra en 1.500 millones de euros el dinero robado (136 millones, según la instrucción) y 50 millones en el de Invercaria. “Exigiremos que esa partida recoja todo el dinero que la Junta prevé recuperar del fraude detectado en todas las ayudas autonómicas”, matiza Salas, quien ha explicado que esta partida se puede crear a través de una aplicación presupuestaria. “Habrá que ver si IU avala la incorporación de dicha aplicación”, agrega Carmona.