El ‘parany’ sortea la prohibición bajo apariencia de caza científica

El Gobierno valenciano se ha sacado de la manga una nueva artimaña para permitir la actividad en los paranys, un método de caza de aves que está prohibido por normativa europea y nacional y catalogada como delito, pero que se resiste a la desaparición a menudo con la colaboración de la Administración valenciana. El Tribunal Constitucional dictaminó en mayo lo que debía haber sido su muerte al anular el artículo de la Ley de Caza valenciana con el que se quiso legalizar el parany. La noticia llevó a algunos a quemar sus barracas. Sin embargo, la Asociación de Paranyers (Apaval) y la Consejería de Medio Ambiente buscan desde entonces nuevas fórmulas de legalizar esta caza y han encontrado una vía utilizando la ciencia.

La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado una resolución por la que autoriza hasta 33 paranys en la Comunidad Valenciana bajo la premisa de ser puntos de investigación de migración de aves. La resolución, firmada este mes por el director general de Medio Natural, Alfredo González, autoriza el uso del pegamento y el empleo de reclamos eléctricos con un pretendido fin científico. La fiscalía siempre ha mantenido que el uso del pegamento, reclamo eléctrico y disolvente es un método destructivo y no selectivo. La resolución, no obstante, autoriza su uso para "el estudio migratorio" del zorzal pero también de especies protegidas como el petirrojo, el pico gordo y la curruca. El argumento del Consell, es que no puede exigirse el uso de técnicas selectivas cuando se trata de “capturas por razones científicas” y, pese a reconocer que “no puede conceder excepciones y autorizaciones de caza con parany” concluye que la investigación es un caso aparte.

Para Avapal, se trata de una investigación que demostrará (mediante la recogida de datos de las aves atrapadas) que el parany, pese a tanta normativa y sentencias en contra, sí es selectivo. Pero los ecologistas denuncian que es un posible “fraude de ley” y un “disparate”. La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) y Acción Ecologisca-Agró, entre otros, ya han presentado un recurso de alzada contra esta medida y cuestionan (junto a ocho profesores universitarios) el estudio que encabezan dos profesores del Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de Valencia. “No es un método adecuado para testar y contrastar hipótesis”, afirman. Este diario intentó ponerse en contacto con ambos para conocer los detalles del estudio, pero no obtuvo respuesta.

“El departamento nada tiene que ver con el estudio de la biología y la migración de las aves”, sostienen desde SEO. El delegado en Valencia, Mario Giménez, apunta a la “casualidad” de que el listado de aves migratorias a estudiar “incluye solo las que caen en el parany”. “Hasta hay una especie que han incluido y que no es migratoria como la curruca cabecinegra”, critica. Giménez avisa de que si el Consell no suspende esta resolución la próxima semana acudirán a la fiscalía. Ya han remitido 28 instalaciones ilegales con la temporada recién iniciada.

Entre los 160 cazadores autorizados en los 33 paranys está la práctica totalidad de la cúpula de Apaval. Incluso su anterior presidente, el actual teniente de alcalde de Vila-real por el Bloc, Pasqual Batalla. Medio Ambiente sostiene que son los investigadores los que proponen los puntos. El vicepresidente de Apaval, Vicente P. Albaro es responsable de uno de uno de ellos, ubicado en L’Alcora. “Son estaciones de seguimiento, no paranys”, dice. Albaro asegura que se realizan capturas con pegamento y que luego las aves se limpian y se anotan en un censo. “Hay versiones como la de SEO que dicen que hacemos una masacre, nosotros queremos demostrar que, tras limpiarlos, vuelan perfectamente”.

Pese a contar con la autorización de Medio Ambiente para esta práctica, el acceso a estos paranys está muy restringido. Los cazadores no son demasiado partidarios de la transparencia. Solo se puede acceder a paranys autorizados por Apaval. Tres de estas instalaciones negaron ayer la entrada a EL PAÍS. “Tenemos orden de no dejar pasar a nadie”, “bastante nos ha costado tener esto para fastidiarlo”, “aquí solo se entra con la Guardia Civil”, fueron algunas de las respuestas dadas por los cazadores.