Los alcaldes hacen cola en los juzgados

Rogelio Martínez lleva casi ocho años entrando y saliendo impertérrito de un juzgado de Ribadavia. Tiene que dirimir ante la Justicia el desvío de fondos públicos cometido en 2000. Martínez es el máximo representante de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense: el hombre de confianza del presidente, Alberto Núñez Feijóo, que lo ha mantenido en el cargo en sus distintas y cada vez más incómodas posiciones de investigado, imputado y finalmente procesado por las que ha ido pasando, lentamente, en este largo periplo judicial. El superdelegadoestá acusado de haber desviado más de 51.000 euros de ayudas de Bruselas en su etapa de alcalde de Arnoia y presidente de una agrupación local, un hecho que la Audiencia Nacional consideró ya probado en 2009 y por el que lo condenó, en vía administrativa, a la devolución del dinero.

Pero el alto responsable institucional, inmerso ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste de los constantes recursos contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la Audiencia Provincial ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su inocencia o, según el caso, la prescripción del delito; no se aparta del cargo. Como él, una decena más de representantes institucionales ourensanos, casi en su totalidad del PP y encabezados por el que fue su máximo líder, el “cacique bueno” José Luis Baltar, desfilan estos días por los juzgados de la provincia implicados en causas que, salvo condena a la inhabilitación, jamás los arrancan de sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil, tiran de sus parientes más cercanos para que los sucedan temporalmente al frente de las instituciones.

Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al autorizar un polideportivo a 10 metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas miró entonces a su entorno inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco, neófita en política, de candidata-sucesora a la alcaldía. Ganó las elecciones. El exregidor condenado la ha acompañado en las jornadas laborales al frente de la institución, cuyas obras ha supervisado él personalmente (lo nombró asesor) y también en la visita al juzgado: De Francisco ha acabado imputada por falsedad en documento público y por colaboración en quebranto de condena por firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones Penitenciarias para que determinados presos hicieran en su municipio labores para la comunidad “que jamás llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue gobernando asesorada por su marido condenado.

Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana pasada ante los jueces ourensanos otros alcaldes del PP: el de Baltar, José Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes del PSdeG) y el de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia, acusado de incumplir las sentencias que le obligaban a pagar a una trabajadora municipal. Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG y acabó en el juzgado tras ser reelegido para el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa pendiente. Está procesado por un supuesto delito de prevaricación: la secretaria-interventora dictó contra él en un solo año 88 reparos de legalidad correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de Rairiz se expone a una pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento, no se inmuta.

Tampoco se inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras el regidor continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado provincial en donde mantiene la estricta disciplina de grupo pese a que la dirección del PP anunció, al conocer su procesamiento, que le abría expediente disciplinario.

Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga, hacen doblete ante la justicia está el superdelegado Martínez que en breve repetirá experiencia como imputado. La orden de procesamiento emitida hace unos días por el juez que instruye la causa de la presunta malversación de los fondos comunitarios cometida desde la agrupación local coincide con la apertura de una nueva investigación judicial que también lo señala. Tendrá que responder por otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en relación con la adjudicación a dedo a una empresa de 106 depuradoras en la provincia durante la misma etapa en la que era alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación.

Esta es ya la foto fija de la provincia: una decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados, imputados o procesados hacen cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena parte de los casos, por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes populares que ya acudieron estos días a los juzgados le seguirán en breve otros. Entre ellos, el de Barbadás, José Manuel Freire Couto y su teniente de alcalde, Manuel García González. La juez instructora los ha imputado tras analizar la acusación de prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el municipio que gobiernan) presentada por el PSOE provincial.