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OPINIÓN

La indignación como excusa

Hay mucha gente que lleva demasiado tiempo tirando contra los sindicatos, tratando de desprestigiarlos

Sindicalistas en una protesta en Sevilla. Ampliar foto
Sindicalistas en una protesta en Sevilla.

Admitir el desorden nos sitúa en la antesala de la realidad. Quizá no de la verdad total, pero sí de su entorno más larvado, más enrevesado de sustancias más o menos tóxicas, secretas durante años, que al descubrirse van dinamitando la confianza pública. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), ha admitido “desorden” en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, poco antes de negar que en Comisiones hubiera ninguna actuación ilícita, ni tampoco una financiación ilegal. “Ha habido cierto desorden y ha habido confusión e independencia, han sido federaciones autónomas del sindicato, pero lo que hace una parte del sindicato afecta a toda la organización (…). Comisiones Obreras no ha cometido ninguna ilegalidad y no ha formado parte de ninguna trama. No obstante, es manifiestamente mejorable el sistema de facturación”. Sea o no “manifiestamente mejorable” ese “sistema de facturación”, lo cierto es que los sindicatos están ahora en el labio de la posible corrupción. Y como nos hemos acostumbrado a una presunción de culpabilidad continua, porque el descrédito es total, una parte de la población acaba de lanzarse, furibunda, a ese cuello débil de la inculpación que no se ha probado todavía, y que seguramente tendrá ramificaciones penales que excederán la esfera del “desorden”.

El poder judicial es imprescindible: tanto como los sindicatos, si buscamos justicia 

Francisco Carbonero, responsable andaluz del sindicato, señala directamente “la chapuza administrativa” de la autoridad laboral de Andalucía, lo que tampoco es demasiado halagüeño para el oído cívico. Pero no parece “chapuza administrativa”, únicamente, el encausamiento del exdirigente de CC OO Juan Antonio Florido, acusado por la juez Mercedes Alaya de haber sido un “facilitador” para la consultora Vitalia, encargada de gestionar la mayoría de los ERE fraudulentos con intrusos identificados por la investigación. Parece ser que, como contraprestación, Vitalia le pagó 265.000 euros, por medio de cuatro pólizas. La acusación nos suena conocida: malversación y tráfico de influencias. Un poco lo de siempre: indignante, pero con la variante sindical.

Vaya por delante la presunción de inocencia, no por consabida tenida siempre en cuenta. Pero estamos tan cansados de tantos escándalos, tan emponzoñados con este robo público, que ya esperamos siempre la sombra envilecida del culpable, como si no pudiéramos urdir la posibilidad de una defensa, o de una exculpación. Hay mucha gente que lleva demasiado tiempo tirando contra los sindicatos, tratando de desprestigiarlos, de desconsiderarlos, de tacharlos de la vida política con la mácula de varias ideas gruesas, en una especie de criminalización social que sólo se resuelve en la confrontación con la ciudadanía, que desconfía de todo. Por otro lado, la imagen de esas gentes, sindicalistas o no, increpando agresivamente a la juez Alaya, que ha necesitado protección policial para poder entrar en su juzgado, hace imprescindible una respuesta mucho más rotunda, por parte de los propios sindicatos, sus líderes y sus afiliados, de condena y repulsa: entre otras cosas, porque el poder judicial es uno de los pocos que aún le quedan al trabajador, como frente común ante la dilapidación, el robo y el abuso.

En cada caso de corrupción, nos hurtan nuestro patrimonio ciudadano y social

Pero ¿somos conscientes de ese abuso? A veces pienso que todavía no ha calado suficientemente, entre nosotros, la verdadera dimensión del dinero público. Como si no entendiéramos del todo que en esta sucesión de negocios ilegales, primas millonarias, en cada caso de corrupción, nos hurtan nuestro patrimonio ciudadano y social, indivisible y público. Como si estas gentes se llevaran un dinero que han encontrado, casi apolillado en un cajón, y no estuvieran esquilmando el futuro, toda esa juventud lejana que, como se puede ver en el vídeo La sorpresa, ha tenido que irse; pero no a ninguna “movilidad exterior”, sino a labrar el arco laboral de las horas buscadas y así poder mirar su día en el mundo.

Si, como dice el informe Pobreza 3.0. La pobreza avanza, de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, casi 3,5 millones de personas viven, en Andalucía, en esas condiciones —más de un 40%—, todos estos desmanes vuelven la indignación más sincera y salvaje. Pero esa indignación no puede ser la excusa, ahora, para liquidar los sindicatos. Cada uno es responsable de su propio “desorden”: pero en la gestión de dinero público, no se puede admitir. El poder judicial es imprescindible: tanto como los sindicatos, si de verdad buscamos una sociedad justa.

Joaquín Pérez Azaústre es escritor.

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