Castedo teme el ‘efecto Brugal’

La sombra del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para beneficiar al constructor Enrique Ortiz hostiga desde hace tres años a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo. La regidora del PP quita en público hierro a su imputación por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. “No sé qué delitos me imputan”, responde sonriente en entrevistas. Pero su entorno advierte “preocupación” por el proceso que sigue desde septiembre de 2012 el instructor Juan Climent en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

La defensa de Castedo en el caso Brugal ha trazado un plan para convencer al juez de que archive la causa o que levante la imputación. El magistrado denegó tres peticiones similares en el último año. La última fue hace una semana. Ahora la estrategia coincide con el fichaje como segundo abogado del hasta hace dos años militante del PSPV y catedrático Derecho Procesal de la Universidad de Alicante José María Asencio Mellado.

La consigna es despejar la mácula de sospecha que vincula a Castedo con un presunto pelotazo urbanístico de 120 millones de euros. Y conseguirlo antes de las municipales de 2015. “Una instrucción tan larga hace mucho daño a un político. Castedo sufre cuando le llaman sinvergüenza por la calle”, argumentan. El trasfondo, según otras fuentes de su entorno, resulta menos sentimental. Apunta al interés de la regidora de concurrir limpia a las urnas. No en vano, Alberto Fabra reiteró el miércoles, en una entrevista en Nou, que las personas imputadas “no han de tener protagonismo” en las próximas elecciones municipales y autonómicas. “Puede renunciar a su escaño en las Cortes pero no a la vara municipal”, confiesa una persona próxima a la dirigente que no contempla la apertura de juicio oral. Técnicamente sería posible este escenario antes de las elecciones. Hay tiempo según fuentes jurídicas. Pero compondría la estampa de una mujer aferrada al cargo asomándose a la inhabilitación.

La edil quiere presentarse limpia a las elecciones municipales de 2015

En un escrito de 106 páginas remitido la semana pasada al TSJ, la defensa de Castedo desgrana sus argumentos. Se recurre al Supremo para cuestionar el criterio del Fiscal de usar como pilar de la acusación la transcripción de pinchazos telefónicos policiales entre mayo de 2008 y junio de 2010, la recta final de la redacción del PGOU. Conversaciones donde Ortiz llamaba “la tía más grande que he visto en mi vida” a la entonces concejal de Urbanismo por facilitarle un “tebeo”. La amistosa charla abordaba supuestamente una reserva de suelo en Alicante.

Los abogados piden la anulación —por segunda vez— de estos pinchazos. Insiste en que el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y el arquitecto municipal, Miguel Ángel Cano, declararon que no recibieron presiones. Tilda de “ordinarias” las dos reuniones del primero con Ortiz, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante. Minimiza que Castedo no haya podido justificar de modo convincente cómo pagó un viaje a Andorra con Ortiz (ante el juez dijo que con lotería de Les Fogueres). Y argumenta que “no hay indicios” del presunto cohecho de la regidora al aceptar un coche mini del promotor a cambio del supuesto trato de favor.

El documento carga contra la “lentitud" de la instrucción, las “imputaciones abstractas” y denuncia el “interés” de las acusaciones —PSPV y EU— de mantener candente el proceso. Aseguran en su entorno que arrastra la sombra de sospecha desde 2008 y que sufre la pena “del telediario”. Por el contrario, Enrique Ortiz se mantiene en silencio y no pedirá levantar la imputación. “A nosotros no nos afectan los tiempos políticos”, admite su defensa.

Fabra reiteró el miércoles que los imputados no integrarán las listas

Las acusaciones consideran ineficaz la estrategia. El abogado de EU, José Luis Romero, precisa que las escuchas telefónicas son solo una pieza. Y defiende la instrucción. “La causa no está conclusa, faltan diligencias ya acordadas. Por ejemplo, este mes ha llegado del Juzgado de Orihuela el acta de registro y los documentos intervenidos en la vivienda, la empresa y el yate de Ortiz”, dice.

El secretario general del PSPV en Alicante, Gabriel Echávarri, recuerda que "se puede condenar a una persona solo por indicios". "Tiene mucha prisa. Confía en aguantar el tirón mediático por la apertura del juicio oral, que se celebre la vista tras el verano de 2014, y, en el supuesto de ser absuelta, presentarse a las elecciones como una víctima”. Un dirigente de la oposición alicantino añade otra clave: “Es un activo del PP y tiene el aval del vicepresidente, José Ciscar. Corre contrareloj. Teme el efecto Brugal”.