El interés colectivo en el juicio de RTVV

El próximo día 21 se celebra en nuestro Tribunal Superior de Justicia el juicio sobre las impugnaciones sindicales del despido colectivo de RTVV decidido en agosto de 2012, despido que finalmente ha afectado a un millar de trabajadores, y que, sin lugar a dudas, es el mayor en una empresa pública valenciana, y , dentro de ese tipo de empresas, el mayor en todo el estado.

La primera duda que conviene aclarar es que este retraso no es imputable a los deficientes medios con que cuenta actualmente nuestra Administración de Justicia, especialmente en el orden social, que se está sosteniendo, ante la avalancha de despidos y deudas derivadas de la crisis, tan solo por el esfuerzo y voluntad de quienes trabajan en la misma. El retraso no es más que otra consecuencia de la negligente gestión empresarial que anunció un despido colectivo que afectaba a todos sus centros, sin excepción (en la Comunidad Valenciana, Madrid y Barcelona), tramitándose así hasta su finalización y que, sólo después de haber decidido los despidos, comunicó a la Inspección de Trabajo que los mismos no afectaban ni a Madrid ni a Barcelona, suscitando con ello las lógicas dudas, en los sindicatos y en los mismo tribunales, acerca de cuál era el órgano judicial competente, duda resuelta finalmente por el Tribunal Supremo en favor de nuestro Tribunal Superior de Justicia.

¿Qué se ventila en dicho juicio? Sin lugar a dudas, se trata de juzgar, con arreglo a esa normativa de la reforma laboral , el carácter, legal o no, de los 1.000 despidos . Pero, con carácter previo, me gustaría poner de manifiesto que se dilucida no sólo eso que, con ser importante, afecta exclusivamente a los despedidos. En mi opinión se dilucida, además, algo que nos afecta a todos los ciudadanos de esta comunidad, ya que, en el fondo, se trata de definir, aunque sea indirectamente, el modelo de la televisión pública valenciana y ésta es una materia de la máxima importancia.

En una sociedad democrática, el poder dimana de la voluntad de los ciudadanos y ésta se apoya en una adecuada información, que se satisface en buena medida con los medios de comunicación privados, pero que, precisamente por la evidencia de que los mismos son diversos pues responden a intereses particulares también diversos, requieren del contrapeso de una información objetiva proporcionada por un medio público, de todos. Pensemos en un personaje tan indeseable como Berlusconi y en una situación tan poco envidiable como la que ha vivido Italia bajo su Gobierno, conseguido fundamentalmente por su extraordinario dominio de los medios de comunicación privados, a los que se unían los públicos cuando él mismo gobernaba, y que sólo se ha conseguido superar esa etapa cuando al menos no controlaba éstos y así los ciudadanos han podido recibir una información que no convertía los delitos en hazañas, aunque se perpetraran con jóvenes menores de edad.

En unos momentos de crisis en que se multiplican las necesidades de los ciudadanos y escasean los recurso públicos, es más necesaria que nunca la presencia de unos medios de comunicación públicos que puedan informar objetivamente acerca del uso y destino de tales recursos de todos y su adecuación a las necesidades sociales y no a las de ciertos grupos de interés que suelen tener el control o , al menos influencia, sobre los medios privados.

Se me podrá objetar que en los últimos años la información proporcionada por RTVV no ha sido objetiva, sino un modelo de sectarismo partidista. Y lamentablemente habrá que aceptar que así ha sido. Pero creo que la solución no es la de liquidar dicho medio de comunicación público ( y se ha estado tan cerca de ello que el despido colectivo no se ha podido aplicar tal y como se aprobó en agosto de 2012 porque ello hubiera impedido continuar la emisiones), sino poner los medios adecuados para garantizar la objetividad de la información, sin que sea necesario recurrir para ello al ejemplo de la BBC, sino que nos podemos mirar en la Radiotelevisión Española en las dos legislaturas anteriores bajo la dirección del señor Oliart, exministro de UCD.

Toda esta problemática también está en juego en el juicio del día 21 y es ésta una cuestión fundamental en la vida democrática de la sociedad. Precisamente por eso, nuestra máxima norma institucional, el Estatuto de Autonomía, hace una referencia a los medios de comunicación públicos. Y las Cortes Valencianas, representantes de todos nosotros, han aprobados dos leyes específicas reguladoras de los mismos.

Y parece obvio que esa importancia y esas normas no han presidido la elaboración, tramitación y aprobación del despido colectivo por los gestores de RTVV, que, como se ha dicho, se han visto obligados a no aplicarlo finalmente en su integridad, por cuanto, en caso contrario, no se podría continuar funcionando.

En la tesitura de ejecutar totalmente el despido colectivo y cerrar de hecho RTVV o, por el contrario, incumplir aquel y continuar emitiendo , la nueva directora general se inclinó coherentemente por esta segunda opción. Pero con ello venía a reconocer que el despido colectivo no era la solución que garantizaba la continuidad de unos medios de comunicación públicos regulados en el Estatuto de Autonomía y en sus leyes específicas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tiene en sus manos ratificar esta conclusión, rechazando la legalidad del despido colectivo. Pero, a partir de ahí, será tarea de todos conseguir el necesario ajuste entre realidad y legislación que, no solo en el ámbito de los medios de comunicación públicos, es la base de una sociedad democrática moderna y fuerte.