La Fiscalía Anticorrupción urge a Alaya para evitar que prescriban delitos

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la investigación del caso ERE se acelere y con ese mayor impulso se asegure que los fondos públicos cobrados de manera indebida sean devueltos a la Junta de Andalucía. Sobre la mesa está el peligro de las prescripciones de ciertos delitos, ya que se investigan subvenciones otorgadas desde 2001, han pasado 12 años, y el riesgo de que caduque la persecución de delitos es alto.

Desde que hace tres años se inició la investigación, liderada por la juez Mercedes Alaya, esta se ha enfocado en localizar a los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas), y a los perceptores de las sobrecomisiones de cada ERE (consultores, abogados, sindicatos), al margen del sistema de financiación instaurado por el Ejecutivo.

Ahora Anticorrupción ha dirigido un escrito a Alaya el pasado martes para que ponga la proa hacia los empresarios que recibieron las subvenciones para pagar los ERE y ayudas directas desde la Consejería de Empleo. Especialmente las recibidas en 2001, 2002 y 2003, primeros años del fondo para empresas en crisis dotado con 721 millones por el Ejecutivo autónomo. "Es necesario conocer qué personas físicas, mediadores y sociedades han intervenido en cada ayuda para poder valorar la imputación de hechos que permita su tipificación", detallan los fiscales.

La elección de los ERE que se investigan ha sido tomada por la instructora o los investigadores, al parecer guiados por los indicios de hechos ilícitos que han ido aflorando a medida que prestaban declaración los implicados. Y sobre todo tras observar las irregularidades que destapó la investigación interna de la Junta, que identificó a decenas de intrusos que nunca debieron cobrar sus pólizas. Pero ahora la fiscalía solicita que la antigüedad sea un criterio para priorizar el examen minucioso de los expedientes, que implica entrevistas a los empresarios, presidentes de comités de empresas y consultores que tramitaron las ayudas. Un trabajo ingente que probablemente necesitaría refuerzos policiales.

La lógica que aplica la fiscalía para esta petición es que un expediente no es fraudulento por la presencia de intrusos, sino por el simple hecho de que fue subvencionado por la Junta, ya que considera todo el fondo fraudulento. "Han de seguir investigándose todas las ayudas sociolaborables", aclara el documento.

El escrito de Anticorrupción se produce bajo los ecos del enfrentamiento entre Alaya y Anticorrupción por la reciente prescripción de los delitos en el caso Mercasevilla. Y esa tensión entre ambos aflora cuando la fiscalía resalta que la magistrada dirige la investigación policial y el ministerio público desconoce "las directrices dadas para la investigación". Semanas atrás los fiscales acusaron a Alaya de ocultarles información, de su "extraña dilación" en la instrucción y de que haya evitado practicar diligencias "acordadas".

La magistrada le había preguntado a la fiscalía que señalara "el periodo de prescripción que maneja" para intentar acotarlo y reaccionar a tiempo. Y ahora la fiscalía le contesta que, como ya señaló hace un mes y medio en otro escrito anterior, es imposible destacar dónde figura el peligro de que los delitos prescriban, mientras que no reciban los atestados de la Guardia Civil "sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas e identidad de las personas beneficiadas e implicadas en el fraude". Es decir, que para que ellos se pronuncien debe existir previamente el análisis policial de los ERE para definir dónde puede haber riesgo de prescripción.

Los fiscales han constatado que la información del caso les llega con un retraso considerable, ya que los agentes solo reportan a Alaya por orden expresa de la instructora. Y esta retiene la información clave durante semanas y a veces meses.

Anticorrupción subraya que la investigación de "todas las ayudas sociolaborales" (más de 500) es relevante porque los delitos asociados a estas subvenciones pueden afectar a la imputación de los altos cargos de la Junta de Andalucía, algunos de los cuales ya han comparecido en el juzgado, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que estuvo en prisión preventiva por estos hechos. Además, los fiscales recuerdan a la juez que ya le instaron a priorizar el análisis de los ERE de 2001 a 2003 en un escrito de hace un año.

Por último, los fiscales le piden a la juez que le envíe el resultado de las entradas y registros realizadas en la segunda y reciente parte de la Operación Heracles. Entre ellos, diferentes documentos, cartas y dossieres sobre los sindicatos que podrían ser relevantes para sus indagaciones respecto a las centrales.

Este último escrito es uno más de una sucesión. La respuesta de la magistrada llega, a veces con retraso moderado, a veces con retraso prolongado, dada la inmensa dimensión de la causa. Y es un hecho que las discrepancias para priorizar las ramas de la investigación entre instructora y fiscales son patentes. Está por ver si estas últimas peticiones son atendidas o ignoradas.