Descapitalización Creativa SA

El caso Iurbenor ya está en la sala de máquinas del Palacio de Justicia. La magistrada ponente de la sentencia, Carmen Rodríguez tiene por delante el trabajo de manufacturar el futuro inmediato de Jabyer Fernández, el empresario cuya ascensión y caída está directamente vinculada al sueño empresarial que empezó a construir con unos socios con los que ha reñido sistemáticamente y que no le han acompañado el día del baile final. Si la sala hace caso a los papeles que la jurisdicción penal heredado de la civil, no tendrá ninguna duda en condenar al empresario por insolvencia punible —descapitalizó la empresa Iurbenor— y por alzamiento de bienes. Las sentencias del juzgado de lo Mercantil 1 que analizó en concurso de acreedores de esa sociedad y lo calificó como culpable, y la de la sección cuarta de la Audiencia que la ratificó ampliando las responsabilidades no sólo a Jabyer sino a sus dos hermanos, son la primera piedra.

La sala tendrá que

La otra pata es el informe de la Unidad de Auditoria Informática que concluye en un estudio parcial, pero oficial, que parte del dinero de Iurbenor acabó en manos de las sociedades patrimoniales de la familia Fernández. Aunque es cierto que esas dos sentencias no son vinculantes, sí orientan y pueden arrojar luz sobre si la gestión de Fernández era deliberadamente arriesgada y punible, o defensiva, como han sostenido quienes le han sacado la cara a lo largo de la vista, frente a los “ataques del leviatán” de la Diputación de Bizkaia.La sala tendrá que analizar el concepto de descapitalización creativa que supone disponer de varias contabilidades, o de pasar por 18 números de cuenta una cantidad de dinero para acabar en el mismo sitio. La Diputación de Bizkaia se quedó sola a la hora de pedir ese delito después de que el fiscal aparcara su petición inicial.

La fiscalía también

El principal argumento contra esa acusación fue que Jabyer Fernández hizo una declaración ante la Hacienda —aunque no pagó— varios meses después de haber vaciado Iurbenor en decenas de transferencias en cascada entre sus empresas, con los fondos de los 43,5 millones del IVA. Un dinero que tendría que haber ingresado en Hacienda por la venta de los terrenos de la operación puerta de Bilbao. La declaración la presentó antes de que acabara el año posterior a la venta, con la suerte de que en el ínterin la legislación cambió y si antes, presentar la declaración y no pagar no valía, —se consideraba delito fiscal— cuando lo hace Jabyer la legislación lo permite. La sala tendrá que valorar si el empresario tenía o no intención de pagar con ese movimiento, o simplemente cubrirse las espaldas por lo que se le venía encima, habida cuenta de que las garantías que presenta, las acciones de la sociedad Habidite son de un valor más que dudoso, y de que maniobra, en el último momento, sin fondos para hacer frente a esa deuda.

Si hubiera tenido ánimo de pagar ya lo hubiera hecho"

Aunque la administración concursal anotó la compra de las acciones por varios millones de euros a Habidite, y les dio valor contable en libros, lo hizo porque quería recuperar el dinero para la sociedad de la que salieron los fondos y que estaba en concurso, Iurbenor. Iurbenor era propiedad al 50% de Fonorte —Fernández— y de Iurbentia —en la que estaban un montón de socios. De ahí que cuando el Consejo de Iurbentia conoce las operaciones de descapitalización de Iurbentia, se monta el lio —acta del 16 de abril de 2009—. Una gestión arriesgada puede dar lugar al delito de insolvencia punible. Para que haya dolo la sala tiene que entender que Fernández actuó de forma deliberada, es decir, tenía voluntad, y además conocimiento de lo que estaba haciendo. Es precisamente la tesis de la Diputación Foral de Bizkaia, que no duda de que si hubiera tenido el ánimo de pagar lo hubiera hecho en el minuto uno, o como mucho en el dos. De ahí que le siga reclamando delito fiscal por los 43,5 millones más otros tres por la venta de los terrenos de las cooperativas de viviendas.

La piedra de toque es el informe de la UAI

José Luis Bilbao ha sido el gran presente de la causa, pero también el gran ausente. Fernández y su defensa hicieron un intento por politizar el asunto llamando a declarar al ahora lehendakari Iñigo Urkullu, al presidente del EBB Andoni Ortuzar y a Joseba Aurrekoetxea, pero el juez de instrucción lo rechazó. Pese a todo Jabyer Fernández no desaprovechó la ocasión durante la primera jornada del juicio para endosarles la responsabilidad de la quiebra de Iurbenor. A José Luis Bilbao la defensa le puso el sobrenombre de “leviatán”, el poder absoluto, pero no pronunció el nombre del político. Fernández le atribuye la negativa a darle el aplazamiento y la “persecución posterior” cuya piedra de toque es el informe de los inspectores de Hacienda en la Unidad de Auditoria Informática. “Si tan malo ha sido y ha dirigido todas las operaciones por qué no le han llamado a declarar”, se pregunta un abogado conocedor del caso. Sin Bilbao, y sin los miembros citados del PNV, y con un Fernando García Macua que hizo mutis por el foro el primer día del juicio, a pasar de acusado a tener que declarar, pero ya como testigo, la vista giró en torno a Fernández, su hermana Susana y su especial concepto de “caja única” para mover el dinero.