Democracia militante

El Palacio de las Cortes, en Madrid, es un edificio de mitad del siglo XIX. Se construyó para albergar al poder legislativo democrático. Nadie pensó en la necesidad de trabajos de mantenimiento de sus estructuras fundamentales. Nadie dudó de su consistencia, que siempre se pensó que era imperecedera. Pero unas ocasionales reformas recientes han puesto de manifiesto que el estado de conservación del inmueble era muy precario. Al cobijo de ostentosas cúpulas, bóvedas y pinturas se ocultaban las carcomas de las vigas, peligros ciertos de desprendimientos, y hasta cadáveres de gatos y perros de tiempo inmemorial bajo las tejas.

Existe la difusa certeza de que nuestra democracia, una vez alcanzada, también es una construcción para siempre. Los encargados de su conservación sólo se afanan en otras actividades que creen más perentorias. Niegan la urgente necesidad de cuidados de mantenimiento. Rehuyen mirar en su desván, por si encuentran cadáveres del pasado.

Amparados en la legalidad democrática, los grupos neofascistas o neonazis, prodigan bravuconadas de ostentación antidemocrática

Los peores cadáveres son los que todavía se mueven. Sombras de los “procuradores en Cortes”, con su chaqueta blanca del uniforme de gala falangista, todavía se aparecen por los rincones más oscuros de la buhardilla a algunos diputados. Estos, y su cohorte nostálgica y mediática, minimizan de manera cómplice o irresponsable la gravedad de la pervivencia o resurgimiento del franquismo.

Amparados en la legalidad democrática, los grupos neofascistas o neonazis, prodigan bravuconadas de ostentación antidemocrática. Uno de ellos fue la irrupción en los locales de Blanquerna, en Madrid, sede de la Delegación de la Generalitat de Catalunya.

Dicen que este bárbaro comportamiento, judicialmente, será de corto recorrido. Una pequeña multa, que pagarán sin problemas porque ya están orquestando campañas de recaudación, que también son de apología de la agresión y sus autores. Y los responsables de las organizaciones que tramaron la violenta irrupción, lejos de condenarla, la aplaudieron explícitamente, y, al parecer, sin problemas legales ¿Es posible todo esto?

Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que nuestra democracia no es una democracia militante, como la alemana. En efecto, la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, de 1949, en su artículo 21.2, prohíbe expresamente los partidos antidemocráticos, pensando fundamentalmente en los nazis. El fundamento de esta radical democracia militante de su Constitución es bien simple: la derrota del III Reich en junio de 1945.

En España no es así. La variante hispánica del fascismo no fue derrotada. Quizás por eso, nuestra Constitución, nacida de un pacto de olvido asimétrico, no contiene un mandato militante antifascista, como la alemana. El Tribunal Constitucional recuerda que según la Ley de Partidos Políticos, los únicos fines explícitamente prohibidos a los partidos políticos son los que incurren en el Código Penal.

Nuestra democracia no es militante, pero tampoco indefensa. Es delito ofender o ultrajar a la bandera de Cataluña, igual que a la de España. Es delito irrumpir violentamente en locales públicos o privados en grupo, para alterar la paz pública, o para impedir el ejercicio de derechos cívicos. Algunos de estos delitos tienen penas de prisión de más de dos años. Es delito asociarse, en entidades o partidos, para esos fines, o promoverlos o exaltarlos. Las penas de prisión para los dirigentes de estas asociaciones ilícitas son de hasta cuatro años, y para los simples miembros de hasta tres. Los jueces, necesariamente, deben disolver esas asociaciones.

El edificio del Congreso de los Diputados puede necesitar restauraciones inaplazables. La democracia que debe gestarse en su interior también precisa trabajos de mantenimiento de sus fundamentos constitucionales y limpieza de las carcomas antidemocráticas que crecen a su cobijo. No es cierto que las brutalidades fascistas tengan que saldarse, necesariamente, con la impunidad o con penas irrisorias. Hay instrumentos de suficiente severidad para atajarlas. Pero los responsables de hacerlo no deben tolerar condescendencias cómplices, ni minimizar la gravedad del peligro. Deben actuar ya, antes de vernos como Grecia.

José María Mena es exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.