Condenados por organizar un envío de coca a Marín que acabó en Polonia

Al anochecer del 30 de abril de 2010 arribó al puerto de Marín con un cargamento de fruta el mercante Fortuna Bay, con bandera de Liberia y procedente de Guayaquil (Ecuador). Horas después accedía al interior del barco G.P.O., de origen filipino y residente en Barcelona, que había llegado a Galicia con la excusa de vender tarjetas de telefonía móvil a la tripulación. Se dirigió a uno de los aseos y del falso techo extrajo un paquete con cocaína que ocultó en la mochila que llevaba. Una vez fuera, la Guardia Civil le dio el alto e incautó el fardo que contenía más de 3,3 kilogramos de droga con un grado de pureza superior al 70%.

La policía ya seguía el rastro del detenido como miembro de una organización gallego-colombiana que se dedicaba a introducir pequeñas partidas de coca en contenedores. Dionisio L.B., de Pontevedra, era el enlace de la organización colombiana en Galicia que preparaba los envíos. Para ello contaba con Manuel G.P., de Vigo, con Julio C.E., un conocido traficante valenciano con antecedentes por narcotráfico, y con su contacto filipino.  Agentes de la Udyco ya había preparado un dispositivo para interceptar el alijo de 50 kilos de cocaína que supuestamente traía el barco. Pero por un error en la identificación, el palé que traía la droga no fue descargado y continuó viaje hasta un puerto de Polonia. Allí, la cocaína, casi medio millón de dosis, fue localizada e intervenida por las autoridades.

A Julio C.E. se le intervino una pistola con silenciador en una caja de zapatos encontrada en su casa. Junto al arma fue hallada una nota manuscrita dirigida a su jefe: “Dionisio h.p. ladrón. Mis hombres están ahí. Si hoy no tengo mis cosas te mato hasta el h.p. perro. El dueño”. La misiva estaba firmada con el número de un móvil que la policía controlaba como uno de los enlaces de la cocaína. El tribunal desestimó la petición de nulidad de las escuchas que hizo la defensa. Según la sentencia, la policía actuó correctamente. Además de las condenas de seis a 10 años que pedía el fiscal, la Sala le impuso a los acusados multas de 1,6 millones de euros.