El Consell no advirtió en la consulta ambiental de Castor del riesgo sísmico
La consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, alega que no tenían competencias Afirma que se detallaron afecciones al hábitat
El Gobierno valenciano no hizo ninguna advertencia o aconsejó sobre la necesidad de realizar estudios sísmicos cuando fue consultada por el Ministerio de Medio Ambiente en el proceso de autorización ambiental del almacén de gas Castor, frente a la costa de Vinaròs, a pesar de ubicarse sobre una falla de 51 kilómetros y de que colectivos de la zona sí habían trasladado su “inseguridad” por el peligro de terremotos.
El ministerio trasladó el proyecto a cuatro direcciones generales (Calidad Ambiental, Medio Natural, Pesca y Patrimonio Cultural), pero sus informes se basaron en señalar la existencia de espacios naturales, hábitats protegidos y afecciones a la Red Natura 2000, entre otras cuestiones. El presidente del Consell, Alberto Fabra, afirmó este sábado, tras ser preguntado sobre el motivo de no recomendar un estudio sísmico en esta fase, que la Generalitat no participó en el proceso y que fue “potestad exclusiva” del Gobierno central.
La consejera de Medio Ambiente, Isabel Bonig, sí aclaró, tras un acto de partido celebrado en Castellón, que las consultas requeridas eran únicamente para detallar posibles afecciones a la Red Natura 2000 y especies protegidas, pero que no tenían competencia para ir más allá. En esta fase, centenares de vecinos de la zona alegaron inseguridad por el peligro de explosión de terremotos. Preguntada por si, con estas manifestaciones (muchos colectivos protestaron públicamente con el anuncio del proyecto Castor) no vieron conveniente aconsejar, como sí hizo el Observatorio del Ebro, la elaboración de estudios rigurosos, Bonig insistió en que no era competencia de la consejería.
Vecinos de la zona y el Observatorio del Ebro sí pidieron informes
El grupo Compromís en la Diputación de Castellón recordó días antes que la Generalitat de Catalunya emitió un informe ambiental que remitió además a la Subdelegación del Gobierno en Castellón (entonces presidida por el socialista Antonio Lorenzo). El Gobierno catalán estudió el proyecto, elaboró sus consideraciones y recalcó la conveniencia de solicitar un informe al Instituto Geológico de Cataluña. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana también fue uno de los organismos consultados durante la declaración ambiental. En este caso, no remitió respuesta alguna al ministerio.
El Consell ha llegado tarde a la crisis del proyecto Castor y ha pasado de un discurso contemporizador que llamaba a la tranquilidad ciudadana a utilizar la situación políticamente. Algunos representantes del PP, como el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, han abierto un frente político para pedir responsabilidades al Gobierno socialista que aprobó el proyecto.
Moliner fue el primero en anunciar acciones legales contra los posibles responsables del Ejecutivo de Zapatero y ayer dio un paso más al utilizar la crisis como arma política en una convención económica organizada por el PP provincial, que él preside. “El Castor se gestó, adjudicó y construyó bajo un Ayuntamiento socialista [el de Vinaròs entonces] y un Gobierno central socialista, es importante que nadie intente girar la orientación real de las responsabilidades. Aquellos que fueron responsables no dan la cara”.
El PP pasa de contemporizar a utilizar el Castor políticamente
El presidente del Consell, Alberto Fabra, aprovechó la visita a Castellón para acudir a esta convención para reunirse antes con los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, cuyos municipios se están viendo afectados por los seísmos. Tras el encuentro hizo un llamamiento a la “tranquilidad” y exigió al ministerio que no se retome la actividad en el Castor hasta que no dispongan de todos los informes pertinentes. “Ya habrá momento para investigar otras cosas”, dijo en referencia a la tramitación del proyecto y a sus posibles deficiencias. Dejó a la Fiscalía de Castellón la investigación de estos asuntos.
Esta reunión enfadó al PSPV. El secretario general provincial de Castellón, Francesc Colomer, pidió “más responsabilidad", puesto que solo se han mantenido reuniones con alcaldes del PP. Municipios como el de Càlig, con una alcaldesa socialista, también han sentido los seísmos de los últimos días.
