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El Consell anuncia ahora posibles medidas por los seísmos

La consejera de Infraestructuras recalca que la declaración de impacto la aprobó el PSOE

La Generalitat valenciana ha seguido desde la barrera la evolución de la actividad sísmica en la costa de Castellón y Tarragona, al menos hasta hoy, en que la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha anunciado posibles "medidas". El Gobierno valenciano no reaccionó a la decisión del Ministerio de Industria de paralizar las inyecciones de gas en el almacén de gas Castor y mantuvo silencio ante la creciente alarma de los vecinos de Vinaròs, Peñíscola y Benicarló por el aumento de la intensidad de los temblores. Mientras el martes el Gobierno catalán exigía explicaciones al ministerio y este anunciaba una visita de inspección a la zona para analizar la situación, la Consejería de Gobernación divulgaba, sin darle la mayor importancia, la activación del plan de riesgos sísmicos en su nivel cero, el de seguimiento.

El presidente de la Generalitat , Alberto Fabra, sí admitió ese día una cierta “preocupación”, ya que de madrugada se había producido la sacudida más fuerte de las registradas hasta ahora, con 4,2 grados en la escala Richter. Fabra afirmó que su Gobierno haría un “seguimiento” de la situación en contacto con el ministerio y los ayuntamientos, pero a renglón seguido recalcó que el almacén del proyecto Castor es “una infraestructura que debe generar tranquilidad, es una infraestructura al servicio de la sociedad y no puede generar alarma social".

La petición de Esquerra Unida del País Valencià de que la Generalitat inicie "acciones legales" contra la empresa del almacén de gas, o el reproche de Compromís de que no se tomaran medidas cuando se registraron seísmos en la zona en 2012, cayeron en saco roto.

Sin embargo, hoy la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha advertido de que la Generalitat “tomará medidas” si se comprueba que el proyecto no contaba con todos los informes preceptivos cuando se aprobó la declaración de impacto ambiental en 2009. La reacción de Bonig se ha producido horas después de que el Gobierno catalán asegurara que el anterior Ejecutivo socialista desoyó los avisos sobre el peligro de terremotos por el proyecto Castor.

"No es por echar responsabilidades, pero este proyecto se aprobó con la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en 2009, con el anterior equipo de Gobierno socialista", ha apuntado la consejera, tras lo que ha subrayado que consejería "solo" autorizó la instalación de la planta que hay en territorio de Vinarós, mientras que el resto del proyecto está en aguas de competencia estatal.

Y ha insistido: “Si se comprobase que no se exigieron todos los informes o que hay algún problema en el proyecto, exigiremos responsabilidades a quien lo aprobó y tramitó".

Más lejos ha ido la Diputación de Castellón, presidida por Javier Moliner, del PP, que ha lanzado que denunciará a los exministros Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos "si la inspección detecta negligencia en la tramitación del proyecto Castor entre 2008 y 2010", informa la agencia Efe.

Mientras, el portavoz de los ayuntamientos afectados y alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha destacado que "aumenta la inquietud de la población", por lo que exigen "que se cumplan los requisitos de seguridad, y si se demuestra que existe relación causa-efecto entre el proyecto Castor y la actividad sísmica, no vuelva a ponerse en marcha la planta".

"Pediremos responsabilidad si se demuestra que el proyecto no se tramitó con todas las garantías de seguridad", ha advertido el alcalde de Vinaròs.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, ha asegurado este jueves que "no se va a escatimar ni esfuerzo, ni tiempo ni medios" para conocer la causa de los seísmos.

El Síndic de Greuges valenciano, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para conocer los riesgos sísmicos que puede provocar el almacén subterráneo de gas y ha reclamado información a la Consejería de Gobernación de la Generalitat. Al propio tiempo, ha comunicado la apertura de su queja a la Defensora del Pueblo nacional.