Trias recurre al Tribunal Supremo el veto del Tribunal Superior al hotel del Palau

Las decisiones sobre la protección patrimonial de las fincas que permitieron proyectar el hotel junto al Palau de la Música llegarán al Tribunal Supremo (TS). El grupo municipal de Unitat per Barcelona (UpB) denunció ayer que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, encabezado por Xavier Trias (CiU), han recurrido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que daba razón a los vecinos sobre la necesidad de proteger los interiores de las edificaciones donde se planeaba desarrollar el proyecto y así prohibir el derribo de sus interiores. Desde el Consistorio aseguran que el recurso de casación se ha presentado para defender las competencias del Ayuntamiento.

En septiembre de 2008, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Barcelona —que depende del Departamento de Cultura, en ese momento en manos de Joan Manuel Tresserras (ERC)— dio visto bueno a un informe favorable al cambio de la calificación urbanística de tres fincas en la calle de Sant Pere mes Alt para así “posibilitar el uso hotelero”. La Comisión defendió que el cambio no era contrario a la preservación de los inmuebles, catalogados como bien cultural de interés local.

Sin embargo, dos asociaciones vecinales interpusieron un recurso contra ese acuerdo, pues considera que la resolución era “improcedente y pone en grave peligro la salvaguarda de elementos protegidos”. El TSJC les dio la razón. En la setencia, del 29 de julio pasado, el tribunal dejó sin efecto el punto dos de la decisión del Comité, que rechazaba que se descatalogaran dos inmuebles —los número 13 bis y 15— pero solo obligaba a proteger sus fachadas, no sus interiores. En el caso del tercer edificio, se establecía la posibilidad de derribo.

CiU, PSC y PP frenan una moción de UpB para que Trias retire el recurso

El TSJC determinó la necesidad de proteger el interior de las tres fincas y, sobre el tercer edificio —recinto del colegio La Salle Condal, protegido con un nivel menor, D— prohíbe su derribo. Esto permitiría conservar algunos elementos interiores destacados, como unos arcos del siglo XVII.

Los vecinos consideraban importante la sentencia del máximo tribunal catalán no solo porque bloqueaba la construcción del hotel del Palau —promovido por Olicia Hotels— sino que también ponía el dedo en la llaga en la protección del patrimonio. Su abogado, Daniel Jiménez Schlegl, aseguró que “suponía un precedente muy interesante en cuanto a la protección del interior de edificios catalogados frente a la práctica habitual y extendida del vaciado, promovida incluso por administraciones públicas que deberían cuidar el patrimonio arquitectónico”.

Por ello es que la noticia sobre la decisión del Ayuntamiento de recurrir la decisión del TSJC cayó como un jarro de agua fría sobre los vecinos. Hacen una múltiple interpretación. Por un lado lo ven como un indicio de que el Consistorio de Trias aun tiene el plan hotelero en la cabeza, cree Jiménez. De otro lado, lo ven como una forma de ganar tiempo mientras llega la hora del banquillo para la antigua cúpula socialista de Urbanismo, salpicada por las irregularidades en la tramitación del hotel, aupado por Félix Millet, expoliador confeso del Palau de la Música. El fiscal pide cuatro años y siete meses de cárcel para el exteniente de alcalde Ramon García Bragado; para el exgerente de Urbanismo Ramon Massagué (actual gerente adjunto de coordinación de empresas); y para el exdirector jurídico Enric Lambies. Todos ellos están acusados de prevaricación y falsedad documental.

El Ayuntamiento insiste en que “no tiene ninguna intención de permitir la construcción de un hotel en estas fincas”. De hecho, en 2010, el pleno anuló el acuerdo que avalaba la construcción del hotel. Los vecinos piden acelerar los procesos para que las fincas sean recalificadas como equipamientos y así acabar con el fantasma del hotel. Pero para ello, sin embargo, Olivia Hotels (el promotor) y los Hermanos de la Salle tienen que pactar deshacer el acuerdo de compra-venta sobre las fincas implicadas. Hasta que esto no suceda, no hay seguridad jurídica.

“Si una sentencia judicial anula la capacidad de un Ayuntamiento para ordenar y hacer planeamientos urbanísticos, el Consistorio, por principio, tiene la obligación de recurrir y defender sus interes y atribuciones”, agregó la portavoz municipal.

UpB presentó en el distrito de Ciutat Vella, cuyo plenario se celebró ayer, una moción de urgencia para instar a la Casa Gran a retirar el recurso. CiU y PP se negaron a aceptar introducir el punto por la vía de urgencia, pero como en Ciutat Vedlla no suman mayoría, el tema tuvo que ser tratado. Ya en el debate, el PSC votó en contra por considerar válida la tesis consistorial para el recurso.