Barreras de nueva planta
Unas obras realizadas en 2011 impiden salir a la calle a una mujer en silla de ruedas
Jesús Martínez tiene 83 años, muchos achaques, a su esposa en una silla de ruedas y una implacable tenacidad. Lleva dos años peleando a papelazos contra las administraciones para conseguir que eliminen las barreras que le impiden sacar a la calle a su mujer, Palmira García, de 79 años y un grado de discapacidad reconocido del 65%. Lo más grave del asunto es que las barreras no son la herencia de un urbanismo caduco, sino que aparecieron como consecuencia de unas obras realizadas hace dos años.
Martínez fue radiotelegrafista militar y vive desde hace más de 40 años en la calle de San Pablo (Latina), en una colonia del Ejército del Aire. Hace un par de años, en abril de 2011, se remodeló la calle, con motivo de la construcción (aún no iniciada) de un polideportivo y un edificio de la inmobiliaria Pryconsa: se “comieron” la mitad de la vía, que pasó a ser de un solo sentido, y desaparecieron plazas de aparcamiento de la mancomunidad, una de ellas reservada para minusválidos, según Martínez.
Además, las obras (que ejecutó la constructora Pacsa) conllevaron el levantamiento de las aceras y la instalación de vallas en el margen interior que aislaron la zona e impiden el acceso en silla de ruedas. La única rampa por la que podría acceder a su portal queda cegada por los coches del estacionamiento de la comunidad. Antes, el portal quedaba al mismo nivel de la calle. En la misma situación están los vecinos de las otras 67 viviendas de ese trozo de vía, la mayoría personas mayores. “La gente sí protesta, pero no hacen nada”, se resigna.
En el verano de 2011, Palmira sufrió una fractura de fémur en un accidente de tráfico, en una pierna en la que tenía ya una prótesis de rodilla. Desde entonces está en silla de ruedas y depende de que alguno de sus hijos la saquen para ir a cualquier sitio. Los médicos ya le han dicho que no va a recuperar la movilidad.
A Jesús le falta fuerza para tirar de la silla de ruedas pero le sobran arrestos para pelear con las administraciones. Empezó por pedir la paralización de las obras en la junta de distrito. Siguió con la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad, que le remitió al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras (dependiente también del Gobierno regional) que a su vez le informó en noviembre de 2011 de que trasladaba el caso... de nuevo al Ayuntamiento de Madrid.
Martínez le escribió en julio de 2012 a la entonces presidenta Esperanza Aguirre, que le informó de que se habían pedido al Ayuntamiento “los informes necesarios para la resolución de su expediente de denuncia”.
El informe que emitió el Ayuntamiento explica en síntesis que Pryconsa se ofreció a realizar las obras necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas en la mancomunidad gratuitamente, aunque no era su deber, pero que no obtuvo la necesaria autorización, por lo que no las ejecutó.
Añade que la situación anterior de la colonia “no garantizaba la accesibilidad”, que las dichosas aceras que impiden salir a Palmira “cumplen la ley” y que Pryconsa les informó de que no había unanimidad entre los dueños de la mancomunidad y que en ocasiones tuvo que acudir la policía ante la agresividad de algunos vecinos en su oposición a los trabajos. “Es un asunto que deben resolver entre privados”, concluye un portavoz municipal, que no obstante dice que intentarán buscar una solución, pero que los vecinos tienen que ponerse de acuerdo.
Jesús Martínez explica que algunos residentes se negaron a firmar “un papel en blanco” que permitía a la constructora hacer lo que le viniese en gana e insiste en que le amparan las leyes y la propia Constitución. “Me hacen estudiar mucho”, se queja Martínez con sorna.
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