El juez no ve delito en los cobros de Ricard Gutiérrez en el Sant Pau

Una de las tres patas de la investigación judicial sobre las irregularidades en el hospital de Sant Pau se tambalea. El juez ha archivado la causa para seis de las ocho personas que estaban imputadas por presuntos contratos ficticios a directivos del centro. La mayoría de los sueldos bajo sospecha “se abren a consideraciones sobre su oportunidad y necesidad, pero no puede decirse que se trate de una ficción”, recoge el auto.

El juez subraya que no se trata de contratos “carentes de toda contraprestación”. Por eso concluye que las presuntas irregularidades “exceden del ámbito penal”. “El proceso penal”, añade, “no puede ser el lugar para valorar la correcta administración de un centro hospitalario”. Esa afirmación no impide, subraya, que deban aplicarse “otros mecanismos de control” para evitar abusos en el uso de fondos públicos. El archivo provisional afecta tanto a los contratados como a los directivos que requirieron de sus servicios. Todos ellos estaban imputados por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Entre los primeros figuran el exgerente adjunto Ricard Gutiérrez y la facultativa Mercè Cruells. Según la denuncia inicial, el hospital siguió pagando a Gutiérrez un sueldo superior a los 100.000 euros anuales durante siete años —entre 2004 y 2011— cuando ya no trabajaba en el centro. El juez ha dado credibilidad a la defensa de Gutiérrez, que alegó que aunque ya no ejercía de gerente adjunto, sí estaba trabajando por encargo del hospital en una cátedra universitaria. Cruells, que fue responsable de Atención Ciudadana en el Departamento de Salud cuando lo comandaba la socialista Marina Geli, también fue imputada ante las sospechas de que cobró sin trabajar. Un informe de la Guardia Civil, sin embargo, ya apuntaba que sí ejerció funciones de “facultativa colaboradora” en el Sant Pau.

Los otros cuatro imputados son exdirectivos que tuvieron un papel relevante en las contrataciones. Se trata del exgerente Joaquim Esperalba; del responsable de recursos humanos Felipe Carbajo; y de los exgerentes Jordi Bachs y Josep Antoni Grau. Este último, sin embargo, sigue imputado en una de las tres piezas en las que se ha dividido la investigación del Sant Pau: la que afecta a los sobrecostes millonarios en las obras del nuevo hospital.

Solo una de las contrataciones pudo ser realmente ficticia, concluye el juez. Por ello mantiene imputados al contratante, Jordi Varela, y al contratado, José Ignacio Cuervo. Varela fue responsable de la fundación que gestiona la atención sanitaria en el Sant Pau entre 2008 y 2012. Cuervo fue concejal por el PSC en Barcelona y delegado de la Generalitat en Madrid hasta 2010. Según el informe de la Guardia Civil que figura en la causa, Cuervo recibió dos sueldos por el mismo trabajo. Cuervo aterrizó en el Sant Pau en enero de 2011 para colaborar en un nuevo campus de excelencia y un nuevo instituto de investigación. Por ese trabajo tuvo dos pagadores: el hospital y el Instituto Catalán de la Salud (ICS). Esa irregularidad sucedió con “conocimiento pleno” por parte de Varela y el resto de directivos del hospital. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el juez cita a declarar como imputados a ambos para el próximo 24 de octubre.

“Nuestra intención es clarificar lo ocurrido y depurar responsabilidades. Consideramos que juez y fiscal están haciendo su trabajo”, detalló ayer Carmen Pérez, la médico que denunció el caso. Pérez anunció que recurrirá el archivo del caso de Ricard Gutiérrez.

Las otras dos patas del caso —el sobrecoste de las obras y la transferencia de recursos entre las fundaciones que integran el Sant Pau— continúan incólumes. Por el desfase presupuestario (de hasta 77 millones) y la asignación, a dedo de algunos contratos están imputadas otras nueve personas.