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TRIBUNA

Son los derechos, estúpido

Los gobiernos se arrogan el ‘trade mark’ de decidir qué es democracia y qué no

Cada día se emite mucha información sobre el proceso catalán, con tantas variaciones sobre el tema que, en verdad, parece que algo se mueve. ¿Algo se mueve? ¿Qué se mueve?

En los medios tienden a convivir/enfrentarse, dos puntos de vista. El primero consiste en una defensa de la democracia española frente a la idea de derecho a decidir. Trailer: la democracia son reglas no opinables. Es un pacto que posibilita la convivencia. La democracia, se ha dicho, es como un semáforo. Lo que confiere más derechos, pongamos, a la Direccción General de Tráfico, o como se llame el tipo que pone los semáforo, que a los peatones. Este punto de vista no es nuevo. Tiene 35 años. Consiste en otorgar el trade mark democracia a los gobiernos, que van accionando el semáforo que indica qué es democracia o qué no. Sin control alguno. Acabar con el Bienestar es democracia. Pedir un referéndum, pues no. Depende. Del señor del semáforo. Curiosidad filológica: en la Barcelona del XIX existió una polémica en la que un bando optó por ese mismo punto de vista. Fue a través de artículos y proclamas sobre el abolicionismo. Los antiesclavistas utilizaban como argumento variaciones del pack libertad, igualdad y fraternidad. Los esclavistas aludían a las reglas de la realidad —la realidad, snif, era ya un semáforo incluso antes del invento del semáforo—, pactadas en un libro sagrado que, sorprendentemente, no era la Constitución, sino la Biblia.

La otra escuela informativa es, curiosamente, similar. Emite la defensa del derecho a decidir o, incluso, la independencia, pero se delega la interpretación de todo ello al Govern, que decide y gestiona el asunto. Como la democracia española, el derecho a decidir tampoco es opinable. Es un semáforo, que en las últimas semanas, está adquiriendo la tonalidad roji-ámbar de una consulta con pregunta creativa o, incluso, de unas elecciones plebiscitarias, concepto que, como el carquinyoli, es duro y ocurrente, pero que costará exportar a paladares elaborados.

En esta obra de contrareforma del semáforo, han participado dos gobiernos con cultura y obra común

Bueno. Ambos puntos de vista, que me temo se alinean con sendos puntos de vista gubernamentales —lo que invita a intuir un periodismo español y catalán muy parecidos/una misma poética vertical del intelectual o de la cultura—, han posibilitado algo inaudito desde 2011. Que el Gobierno exista. O, al menos, cierta capacidad de dos gobiernos, seriamente desautorizados por sus políticas contrareformistas, para fijar marcos. Un chollo, si pensamos que, cuando empezó la crisis, en 2008, los políticos fijaban en petit comité que duraría hasta 2015. El problema era llegar a esa fecha. Y parece que lo han solucionado. En 2015, el cambio de sistema ya será efectivo. Podremos acceder al trabajo por menos salario y derechos que en 2007, y los gobiernos, que ya no facilitan bienestar, podrán pagar deuda y, por el mismo precio, seguir con sus negocios —el caso de la Sanidad catalana, del que casi ningún medio habla, es paradigmático—. En esta obra de contrareforma del semáforo, han participado dos gobiernos con cultura y obra común. Que ahora, por fin, tienen capacidad de agenda. Que informa de cambios que es poco probable que ocurran. Esos gobiernos, en fin, son el Régimen. No lo modificarán.

Ignoro qué piensan los manifestantes del 11-S. De hecho, no pueden vertebrar su opinión ni su fuerza en ningún sitio, salvo en esas manifestaciones y, cada cuatro años, votando partidos —y a eso se le llama crisis de representatividad— , que gestionan un semáforo que no se pone rojo en el trance de desguazar la democracia. Cabe deducir que no todos se manifestaron para darle la razón al Govern, y que muchos unen el derecho a decidir a otros derechos, a una percepción de crisis inaudita de la democracia, a un cambio. Y que, por ello, se enfrenta a dos gobiernos. Defender la democracia hoy, no es adorar los semáforos. Es luchar por los derechos. El derecho a decidir, es uno. Sin derechos, sólo es propaganda gubernamental.