Diálogo y presupuestos del Estado

Toda gran infraestructura genera problemas y conflictos en su trazado y construcción. Y el Corredor Mediterráneo no podía ser menos. En todos los casos son el acuerdo, la compensación o los tribunales, los vehículos de solución. En el caso del Corredor acaba de aparecer un conflicto que, sin ponerlo en peligro, puede retrasar su ejecución. Curiosamente, el conflicto ha surgido donde menos cabía esperar, en Tarragona, cuyo alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, se ha mostrado en todo momento como un ferviente partidario de su construcción sin dilación. El recurso interpuesto por el ayuntamiento al proyecto del tercer carril en el tramo que afecta a la localidad, por incumplimiento por parte de Fomento de algunos trámites administrativos, la falta de dos pasarelas de peatones, pantallas acústicas y un intercambiador, así como la petición del cambio de ubicación de un aparcamiento de mercancías, demasiado cerca del Anfiteatro Romano, amenazan con retrasar la ejecución de un instrumento fundamental de desarrollo económico de la Comunidad Valenciana y España.

Como ya hemos puesto de relieve en distintos momentos, un proyecto de la trascendental importancia del Corredor Mediterráneo debiera ser ya una realidad, aunque la miopía de algunos responsables públicos del pasado ha impedido su ejecución como eje de la red básica de los ferrocarriles europeos. Si se hubiese ejecutado en tiempo y forma como exigía el buen sentido económico, hoy constituiría un puntal fundamental para la recuperación de la economía española gracias al impulso que imprimiría al tráfico de mercancías entre la Europa del centro y norte y el Sudeste Asiático. Un tráfico de gran impacto en múltiples actividades, tanto logísticas como de servicios avanzados y actividad transformadora. Pero si el olvido o negligencia del pasado pesa hoy como una losa, todo retraso en la ejecución del actual proyecto viene a agravar la carga por las pérdidas que esto conlleva.

Pero el retraso es más grave si la causa es el conflicto entre dos administraciones regidas por partidos que compiten: el gobierno de España, controlado por el PP, y el ayuntamiento de Tarragona, con el PSC en la alcaldía. Dos administraciones aparentemente favorables a la pronta ejecución del proyecto pero que colisionan por cuestiones de procedimiento, trazado y divergencias sobre las condiciones de la infraestructura a su pasa por aquella ciudad. Y cuando la confrontación se politiza, como ha ocurrido, tenemos la tormenta perfecta y el mayor obstáculo para una solución razonable y constructiva. Pero ni España ni la Comunidad Valenciana están para confrontaciones políticas cuando lo que nos jugamos es el futuro y una pronta y sólida salida de la crisis.

Cuando dos administraciones entran en conflicto por el diseño de un proyecto que ambas desean ver ejecutado lo antes posible, el comportamiento lógico es el diálogo constructivo y la solución razonable. Si un proyecto de interés general perjudica a un territorio o colectivo, una compensación que suponga un coste razonable y proporcionado al daño realizado, puede ser la solución más justa. Y parece que el daño existe cuando el propio PP de Tarragona también se opone al actual trazado y actuación de Fomento. En estas circunstancias, sólo el diálogo y un acuerdo que satisfaga las reivindicaciones razonables del consistorio y elimine las trabas que éste antepone al actual proyecto, podrá garantizar su rápida ejecución sin quebranto y agravio para nadie. Máxime si el coste, como parece, no es excesivo y se adopta el compromiso formal y con garantías, de que el actual trazado paralelo a la costa, compartiendo vía con el tráfico de pasajeros, sea una solución transitoria, como es deseable económica y socialmente, y el definitivo para el tráfico exclusivo de mercancías se proyecte por el interior, a ejecutar en un plazo razonable y en beneficio de todos, tanto de Tarragona como de la Comunidad Valenciana y España. Porque no hay que olvidar que aunque el tercer carril es una salida adecuada en el corto plazo, la separación del tráfico de mercancías y pasajeros es una exigencia para conseguir el pleno desarrollo del potencial económico del Corredor.

Las razones económica, social y técnica han de hacerse compatibles para no generar injusticias y quebrantos económicos, como lo sería un retraso originado por una confrontación. Todas las partes deben aportar su mejor voluntad para llegar a un acuerdo que acelere un proyecto fundamental y al mismo tiempo no genere daños irreparables. Tanto si es en Tarragona como si es en cualquier otro municipio.

Desde la Comunidad Valenciana, la principal afectada por este retraso, es necesario que los partidos políticos relacionados con las dos administraciones en litigio, y también la sociedad civil, ayuden a resolver el conflicto con buen sentido y espíritu constructivo. En caso contrario estaremos echando piedras en nuestro propio tejado.

Y estamos vigilantes ante el contenido de los presupuestos generales del Estado, que pasaron por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que se conocerán en los próximos días. Esperamos que el agravio que la Comunidad Valenciana ha sufrido históricamente se vea resarcido con inversiones y atención y que, especialmente, el corredor mediterráneo tenga asignadas las partidas presupuestarias necesarias para que la infraestructura esté operativa en 2015 en Castellón y Valencia y en 2016 en Alicante. De lo contrario, tendrán al pueblo valenciano en frente