Alicante, así quebró el Ayuntamiento

Los vecinos de Alicante van a tener en el futuro inmediato peores servicios municipales y más caros. Otros, sencillamente, desaparecerán. Y, por si fuera poco, soportarán durante diez años un incremento del 10% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esta es la consecuencia de una gestión financiera que ha provocado la quiebra económica del Ayuntamiento de Alicante, intervenido por el ministerio de Hacienda ante la imposibilidad de aquél de hacer frente a sus compromisos con los proveedores municipales. La alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, atribuye la quiebra de las arcas municipales a la caída de los ingresos provocada por la crisis y confía en que la subida de algunos tributos especiales será suficiente para capear la situación.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Cuando el PP alcanzó el gobierno en el Ayuntamiento de Alicante, en 1995, la deuda financiera era de 63 millones de euros, 240 euros por habitante. Dieciocho años después la deuda es de 202 millones, lo que supone 600 euros por habitantes. Durante este periodo los alicantinos han visto como las sucesivas corporaciones gobernadas por el PP multiplicaban por 2,5 sus deudas con el Ayuntamiento. La delicada situación financiera ha obligado a acogerse por segunda vez a plan de pagos para liquidar facturas y poner el “contador a cero”.

En año y medio, el ministro Cristóbal Montoro ha inyectado 75 millones de euros para pagar facturas pendientes. El problema es que esta liquidez tiene contrapartidas dolorosas. El consistorio debe recortar 10 millones de euros en gastos, los contribuyentes tendrán que hacer frente a una subida de tasas para financiar los servicios y la gestión municipal quedará hipotecada durante los próximos diez años.

El consistorio debe 202 millones, lo que supone 600 euros por habitante

¿Cuál es el origen de este agujero económico? Todos los concejales consultados coinciden en que el principal problema es que los presupuestos que el PP aprueba cada año son “ficticios, irreales y se convierten en papel mojado”. Se elaboran unas cuentas a la baja que se quedan cortas. En 2010, por ejemplo, se presupuestaron 260 millones para gastos, pero al final se alcanzaron los 300 millones. Un desfase negativo de 40. Otro problema añadido son las contratas municipales que se adjudican con un presupuesto muy ajustado, que luego hay que revisar al alza y a los que se hace frente a través de pagos extraoficiales de otros servicios que no estaban previstos. Un ejemplo, la limpieza y recogida de basuras se adjudicó a una empresa participada por Enrique Ortiz por 30 millones de euros y al final costó 42 millones, según Esquerra Unida. Otro, en septiembre de 2011, el Ayuntamiento aprobó una modificación de crédito para pedir un préstamo ICO y pagar facturas por 14 millones de los cuales 11 se destinaron a empresas participadas por Ortiz que se encargan de la limpieza viaria, de los colegios o del cementerio. “Nada más empezar la legislatura, entramos ya en una espiral de gastos no previstos”, se lamenta el concejal de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón.

Las primeras consecuencias de esta falta de previsión empiezan a hacerse notar. La adjudicataria del servicio de limpieza y tratamiento de residuos ya ha advertido de que puede reducir el horario del servicio. Si ahora la basura se retira entre la medianoche y las seis de la madrugada, la concesionaria, en la que participa el empresario Enrique Ortiz, propone reducir el horario de 5 a 8 de la mañana. Tan drástica reducción obedece a la necesidad que tiene la empresa de ahorrarse el plus de nocturnidad y adaptarse a los recortes impuestos por el Ayuntamiento.

Los presupuestos tenían tan poco que ver con la realidad que, en la época en que Luis Díaz Alperi fue alcalde, llegaron a sufrir variaciones de un 25%, llegándose a autorizar cada año entre 10 y 15 operaciones de pagos extrajudiciales. “Se va haciendo una pelota de deuda financiera cada vez más grande”, asegura un exconcejal socialista que durante años asumió las competencias de Hacienda. “Se abusa de las modificaciones extraoficiales de crédito, para ayudar a los empresarios amigos de la alcaldesa”, denuncia Pavón.

En el último pleno, celebrado el viernes, se aprobó una modificación de crédito de más de 2,5 millones de euros. Fernando Llopis, edil de UPyD, asegura que “el problema es el descontrol y la improvisación”. Juan Seva, concejal de Hacienda, se defiende: “Se intenta prever los gastos, pero surgen necesidades e imprevistos, que no son caprichos”.

El rescate del Gobierno a las arcas municipales tendrá consecuencias para los bolsillos de los alicantinos durante los próximos diez años. El tercer, y último plan de pago a proveedores, obliga a los ayuntamientos a que en el plazo de tres años todos los servicios municipales se financien directamente mediante las tasas. Óscar Llopis, secretario de UGT en Alicante, considera que esta situación es fruto del “descontrol financiero” del PP y de “las contratas millonarias” que el Ayuntamiento adjudica. “Lo peor es que esa deuda comportará carencias y recortes en servicios”, teme Llopis. La secretaria general de CC OO, Consuelo Navarro, lamenta que los alicantinos tengan que pagar más impuestos en un momento de crisis y falta de trabajo. “El despilfarro de Castedo al final lo pagarán los trabajadores”, se queja Navarro que insta al PP a gestionar de otra forma. Y José María Perea, presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) recuerda que el PP lleva 18 años gobernando en Alicante y es el responsable de “esta muerte anunciada” que supone la pérdida por completo de la autonomía financiera.