Pellejero se confirma como subsecretario de Presidencia

Rafael Sánchez Pellejero, hasta ahora director general de Economía, fue ascendido este viernes por el Consell al puesto de subsecretario de la Consejería de Presidencia y Agricultura que dirige el vicepresidente y portavoz, José Ciscar.

“Pellejero cumple adecuadamente el perfil y lo ha aprobado el Consell”, explicó Ciscar, que añadió: “Cuando me lo dijeron, dije que estaba encantado”. “Se barajaron varias propuestas”, continuó el portavoz del Consell, que indicó: “La persona que tiene la responsabilidad máxima [en los nombramientos] es el presidente de la Generalitat y si lo propone el presidente es una persona válida”. “Seguro”, remachó.

El nombramiento de Pellejero, que tiene una relación personal con el presidente de la Generalitat, responde a la intención de Fabra de tener un mayor control de los temas que gestiona el macrodepartamento de Ciscar.

Además del nombramiento de Pellejero, el Consell aprobó también el nombramiento de su sustituto en la dirección general de Economía, que a partir de ahora recaerá en Raúl Martín Calvo, un ingeniero superior de Informática de gestión, que accede al puesto de la mano de Máximo Buch.

En la reunión del Gobierno valenciano también se aprobó el cese de Miguel Ángel Tarín como director general del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo a quien se le agradecen los servicios prestados. Su lugar lo ocupará un ingeniero industrial Miguel Ángel Moline Oses.

Clima de desconfianza

Los nombramientos se produjeron en un clima de desconfianza. Primero porque la designación de Pellejero se interpreta en círculos del PP y de Presidencia como un intento de aumentar el control sobre la poderosa cartera que gestiona el vicepresidente. Y después porque la filtración del nombramiento a través de la página web de la recientemente creada Asociación contra la Corrupción han aumentado los recelos internos al constatarse la existencia de uno o varios topos que tienen acceso a información confidencial del Consell.

Presidencia analizó este viernes cómo abordar la fuga de información sensible —además de los nombramientos, se ha filtrado una factura telefónica de una secretaria autonómica y una nómina del presidente— y estudiar posibles acciones penales contra los responsables.