El Tribunal de Cuentas investiga las ayudas de Blasco a la cooperación

El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento de reintegro a la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía "como consecuencia de un presunto alcance en los fondos de la Generalitat".

La consejería que dirigía Rafael Blasco fue la gestora del reparto de los fondos de cooperación de la Generalitat entre 2008 y 2011, periodo investigado por la Justicia por el presunto desvío de ayudas que debían destinarse a proyectos en países en desarrollo. Por una de las piezas de esta causa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha sentado en el banquillo al exconsejero y exportavoz parlamentario del PP -ahora diputado no adscrito- junto a otros antiguos cargos de su departamento por supuestos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación en documento público. 

El procedimiento por alcance, según la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, es uno de los tres procedimientos contables que puede seguir esta institución, y que junto con el juicio de cuentas tiene carácter contencioso.

Se entiende por alcance, según la ley del Tribunal de Cuentas, "el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos".

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica hoy el edicto del Tribunal de Cuentas sobre este proceso, con el fin de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan personarse en los autos, para lo cual disponen de un plazo de nueve días.

 Al respecto, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, ha afirmado que la Generalitat se personará en el procedimiento. Las partes citadas en este proceso, además del letrado de la Generalitat, son el fiscal, Rafael Blasco, el exdirector general de Cooperación, Josep María Felip; el subsecretario de la Consejería de Solidaridad, Alexandre Catalá; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López y un representante legal de esta entidad.

En este sentido, el vicepresidente del Consell ha explicado que el Tribunal de Cuentas en supuestos donde puede existir una responsabilidad de tipo contable por presuntas actuaciones ilegales, "tiene competencias para abrir un expediente". En este caso, "lo que hace es averiguar si, en el caso Cooperación, gestores públicos tienen responsabilidad contable en estos temas".