La UE lleva ante la justicia a Baltar por la gestión de ayudas comunitarias

La Diputación de Ourense presidida por José Luis Baltar “simuló”, entre 2003 y 2004, que hacía contratos con publicidad para adjudicar —por más de 13 millones de euros de los fondos comunitarios— la instalación de depuradoras en numerosas aldeas de la provincia aunque en realidad los concedía a dedo. La beneficiaria fue SMA, una sociedad a la que estuvo vinculado el actual delegado de la Xunta en Ourense (en aquella época vicepresidente de la institución provincial y alcalde de Arnoia), Rogelio Martínez, que firmaba las adjudicaciones y el pliego de cláusulas. Las recepciones llevaban la rúbrica de Baltar.

 Los inspectores de anticorrupción de la Unión Europea (UE) que han investigado este procedimiento consideran “de tal gravedad la actuación de la Diputación ourensana que —además de imponerle una multa de 10,1 millones de euros a la institución— han decidido denunciarlo ante la Justicia española para que determine si el organismo provincial cometió los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

José Manuel Baltar, el hijo-sucesor del otrora todopoderoso barón del PP gallego, demoró todo lo que pudo la entrega a los grupos de oposición en la Diputación provincial del demoledor informe elaborado por los técnicos de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE. El miércoles, en una comparecencia ante los medios de comunicación, había anunciado que tenía el documento y —apelando a la transparencia, aunque sin desvelar una sola línea del rotundo contenido a los periodistas- señaló que la OLAF acusaba a la institución de “supuestas irregularidades” contra las que anunció una contradictoria batería de actuaciones: la apertura de una comisión de investigación en la Diputación (la misma que le habían reclamado insistentemente PSOE y BNG y a la que se opuso con rotundidad), la presentación de alegaciones contra todas las denuncias y el anuncio de que los “supuestos” delitos ya han prescrito.

Ayer, con una hora de demora sobre el plazo legal, remitió por fin a la oposición el informe de la UE y su moción para abrir la comisión de investigación en la Diputación. PSOE y BNG confirmaron entonces sus sospechas: los inspectores de la UE tildan de “fraude” el proceso de adjudicación de las depuradoras, imponen la multa millonaria a la endeudada institución y acusan a los dirigentes de la institución provincial de “manipular las certificaciones para dar apariencia de veracidad a los procedimientos de contratación”.

Los inspectores de la UE tienen claro que desde el organismo provincial “existía la intención de favorecer al grupo Netaccede” en el que está integrada SMA, la adjudicataria de las obras y creadora de esas depuradoras diseñadas para barcos que acabaron multiplicándose como hongos (la Diputación adjudicó 107) entre las huertas de las aldeas de Ourense y que los alcaldes más disciplinados encienden y apagan de inmediato porque disparan el consumo de luz: les sale el recibo a más de 25.000 euros al año por depuradora y en muchos municipios se han instalado varias.

La OLAF cree que la Diputación “tenía una estrategia tendente a favorecer a SMA o a su grupo empresarial” y entiende que el proceso de adjudicación realizado desde la institución provincial puede ser constitutivo de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público además del “fraude al presupuesto europeo”. Los inspectores de la UE sostienen que el pliego de condiciones que los dirigentes de la Diputación aprobaron para sacar a concurso la adjudicación de estas estaciones de tratamiento de residuos se adaptaba como un guante a la propuesta concreta de SMA. Además, ha “encontrado documentos que prueban” que, en algunos casos, “las obras estaba adjudicadas antes de lanzar los correspondientes procedimientos de contratación”. Ocurrió en el municipio de Arnoia, del que en esa época era alcalde el vicepresidente de la Diputación y hoy representante institucional de Feijóo en el dominio de los Baltar, el superdelegado de la Xunta, Rogelio Martínez, acusado también de malversación de fondos públicos, estafa y falsedad documental en relación con otras adjudicaciones de obras realizadas también con fondos de la UE en su pueblo.

La “manipulación” de la que deja constancia el informe se refiere al apaño de la Diputación para “dar verosimilitud a los procedimientos simulados de contratación”. Se hacía en dos pasos. Primero, el organismo provincial “modificaba la fecha de la primera certificación para que fuera coherente con la cronología del procedimiento simulado de contratación”. Después, se “evitaba indicar fecha alguna en los proyectos y en las fichas”.

El informe concluye que SMA no tuvo competencia, la Diputación se gastó los fondos comunitarios y la provincia se quedó sin un eficaz sistema de depuración. La institución comunitaria entiende, por todo lo anterior, que debe de intervenir la Justicia.