La juez da a RTVV 24 horas para pagar una fianza por el acoso sexual de Sanz

Vicente Sanz, ex número dos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), protagonista de uno de los casos judiciales más sórdidos que afectan a exresponsables públicos, también puede costarle dinero a las arcas autonómicas. La juez de Paterna que instruye el caso por supuesto abuso sexual de Sanz a tres trabajadoras de la corporación dictó este lunes un auto en el que daba 24 horas a RTVV para depositar una fianza de 30.000 euros como responsable civil subsidiaria de los supuestos desmanes del ex secretario general del ente, hoy jubilado.

La juez recuerda que Sanz solicitó presuntamente “favores de naturaleza sexual” a tres trabajadoras “en el establecimiento donde todos ellos desempeñaban sus funciones”, prevaliéndose de su puesto ejecutivo y empleando presiones que llevaron a las mujeres a una “situación gravemente intimidatoria y humillante”.

La magistrada añadió que si RTVV no prestaba la fianza en el plazo indicado le serían embargados bienes de su propiedad hasta cubrir la suma. La nueva dirección de la corporación, al frente de la cual está Rosa Vidal, no dio muestras de ir a hacer frente al pago y se esforzó en marcar distancias con la etapa anterior en un comunicado que rozó la perogrullada.

Señaló en él que a la nueva RTVV SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), surgida de la reestructuración de la corporación, “no le compete tomar ninguna decisión al respecto, ya que es el antiguo ente, RTVV, actualmente disuelto, a quien corresponde” adoptarla abonando los 30.000 euros o recurriendo el auto.

La corporación destaca que Sanz no llegó a trabajar en la nueva empresa

Como efectivamente la vieja Ràdio Televisió Valenciana ha sido disuelta, siguió la dirección, “cualquier decisión al respecto le compete exclusivamente al consejo de liquidación” de la misma. Por si quedaba alguna duda de la voluntad de los nuevos responsables del ente por alejarse de la anterior etapa, marcada por los escándalos judiciales —además de la vertiente sexual de Sanz, el ex director general Pedro García está imputado por aceptar medio millón de euros de la trama Gürtel a cambio supuestamente de facilitar a la red el contrato de cobertura de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006—, el comunicado agregaba: “RTVV SAU quiere aclarar que Vicente Sanz nunca ha sido trabajador de esta nueva sociedad, que nació el pasado 28 de marzo de 2013”.

La fórmula ahorraba a la nueva dirección definirse ante una decisión complicada: recurrir o no la condición de responsable civil de la empresa pública. Intersindical Valenciana había subrayado previamente la encrucijada aludiendo directamente a la directora general: “Todos sabemos que la justicia puede condenar a Sanz a muchos años de prisión. Y todos recordamos también con vergüenza que la empresa, una vez conocidos los hechos, no llegó ni a abrirle un simple expediente disciplinario”, afirmaba, antes de pedir a la directora general que renunciase a recurrir, acelerando así la conclusión de un proceso en el que Sanz lleva más de dos años procesado.

El auto confirma las responsabilidades políticas a juicio de la oposición

“Señora Vidal”, añadía el sindicato, “hay cosas de las que no se puede dimitir ni te pueden destituir. Una de ellas es la de ser mujer. Usted es la primera mujer que dirige RTVV y lo será siempre. Tiene una responsabilidad con el resto de las mujeres de esta empresa”. Intersindical instaba a la directora general a poner en marcha el protocolo contra el acoso en la corporación, cumpliendo la indicación de la inspección de trabajo.

La fianza de Sanz, que fue un destacado miembro del PP valenciano en los años noventa, fue aprovechada por la oposición para censurar a los responsables políticos que lo nombraron y mantuvieron en el cargo. Rafa Xambó, miembro del consejo de RTVV a propuesta de Compromís, afirmó que el auto confirmaba la responsabilidad “del ex director general José López Jaraba, la ex directora de Canal 9, Lola Johnson y el expresidente del consejo de administración, Miguel Domínguez”. El diputado de EU Ignacio Blanco consideró “infame” que ni el ente ni la Generalitat hayan dado todavía explicaciones. Y Modesta Salazar, del PSPV-PSOE, lamentó que el Ejecutivo de Alberto Fabra “se haya limitado a intentar quitarse el mochuelo de encima”.