Los jueces no dan abasto para hacer frente a tanta corrupción

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Pilar de la Oliva, ya había alertado antes sobre la falta de herramientas con que los jueces afrontan la avalancha de casos de corrupción en la comunidad autónoma. Pero no lo había hecho con la contundencia y claridad que manifestó este viernes en la apertura del año judicial, ante una sala repleta de cargos institucionales, incluido el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a cuya Administración correspondería aportar buena parte de esos instrumentos.

La magistrada recordó que la Comunidad Valenciana “está en posición de cabeza en España” en casos de “corrupción política”, 141 según el recuento del Consejo General del Poder Judicial. “Como dato extraordinariamente revelador les diré que la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal tiene más casos con aforados que cualquier otra homóloga de España, y es también una de las que menos medios técnicos y humanos tiene para hacerles frente”.

De la Oliva se refería a los nueve diputados de las Cortes Valencianas imputados, todos de la bancada popular salvo el exconsejero Rafael Blasco, que abandonó el grupo en junio cuando parecía estar a punto de ser expulsado.

La presidenta del Tribunal Superior indicó que las sentencias “en materia de corrupción” han aumentado un 151% en el conjunto de España, y que el fiscal general del Estado ha advertido de que la previsión “inmediata es de crecimiento”. “En lo que a nuestra realidad más próxima se refiere”, dijo De la Oliva aludiendo al territorio valenciano, “no puedo por menos que constatar que así es”.

Los casos de corrupción política afectan “a la credibilidad del sistema, a la confianza en el sistema”, afirmó. Y los medios que ante su aumento han destinado la Generalitat y el Poder Judicial, “ocho jueces de adscripción territorial a disposición de la presidencia para ser movidos a aquellas oficinas judiciales con especiales necesidades”, resultan insuficientes, agregó.

En parte, prosiguió De la Oliva, porque las carencias en los tribunales y juzgados que investigan los delitos contra la Administración (nombre técnico de la corrupción) no son excepcionales, sino similares a los que padecen otros jueces del orden penal. “No siento justo que por el hecho de apoyar a un instructor con un caso especialmente dificultoso me vea obligada a posponer un apoyo en el juzgado de lo penal de Gandia, que tiene casi 4.000 ejecutorias pendientes”; “o en uno de instrucción de Dénia con sumarios con 60 imputados por tráfico de drogas y armas”. O que, reforzar la investigación “de dos piezas del conocido como caso Brugal ”tenga que efectuarse “a costa de los recursos de otra oficina judicial a la que no le sobra absolutamente nada”.

La magistrada, que asumió el cargo a finales de 2010, expresó una “enorme tristeza” por el hecho de que las peticiones de refuerzos que ha venido realizando regularmente hayan obtenido “escaso apoyo”. Si bien reconoció que ahora existe “una mayor implicación institucional” que en el pasado.

La presidenta del TSJ exige medios para investigar a los corruptos

La crisis, opinó De la Oliva en el fragmento de carácter más moral de su largo discurso, ha tenido como consecuencia una corrección de “modos y maneras en favor de criterios realmente profesionales, testados, objetivados, como la relación responsable entre la inversión pública y eficacia”, “el inexcusable comportamiento discreto y honesto”.

La presidenta del Tribunal Superior se preguntó a continuación por qué la justicia —“el medio millón de ciudadanos de la Comunidad Valenciana que tiene pendientes asuntos en los juzgados”— no recibe los medios necesarios para funcionar adecuadamente. “¿Es solo cuestión de dinero?, perdónenme”, concluyó, “creo que no”.