El PP dice que la Constitución no obliga a garantizar el comedor escolar
La oposición reclama la modificación del decreto del copago y AGE llama a la insumisión
La educación gratuita que garantiza la Constitución no contempla el servicio de comedor porque no lo considera un elemento integrador”. El secretario general de la Consellería de Educación, Jesús Oitavén, esgrimió ayer en comisión parlamentaria este argumento —junto con el de la “justicia social” frente a “la iniquidad del bipartito”— para defender el decreto de los comedores escolares aprobado el pasado agosto que, en la fase más aguda de la crisis económica, obligará a más de 20.000 familias a costearse este servicio, que aumenta su precio en un 40% .
Oitavén no respondió a la pregunta que le formuló el portavoz del BNG, Cosme Pombo, sobre qué hará la Xunta con los niños cuyas familias no lo paguen. Tampoco respondió a la que le hizo el portavoz de AGE, Ramón Vázquez, tras llamar a la insumisión de los padres frente al copago, relativa a qué hará la Administración autonómica con los niños transportados que no acudan al comedor. Los tres grupos de la oposición (PSdeG, AGE y BNG) insistieron en la necesidad de que se modifique el decreto (AGE pidió su derogación) apelando incluso a su “ilegalidad”. Pero el representante de la consellería, de la misma forma que el portavoz del PP en la comisión, Román Rodríguez, fueron implacables: “Sus hijos, o los míos, comerían gratuitamente si viven en las afueras y tienen, por tanto, derecho al transporte escolar; eso no es de justicia”, le espetó Oitavén al portavoz socialista, Vicente Docasar, para explicar el espíritu de “solidaridad” en el que se basa la nueva norma. El socialista le contestó que estaba de acuerdo en que quien más tiene pague más, “pero a través de la declaración de la renta”.
Sin poder deber cuotas
“No entiendo por qué los hijos de familias con más ingresos no pueden comer en un centro público con los de familias con menos poder adquisitivo”, argumentó Docasar. El secretario de Educación insistió en su tesis, alertando de que hasta ahora, “los hijos de familias que viven en urbanizaciones de lujo tenían comedor gratuito como consecuencia de su derecho al transporte escolar”. El portavoz de AGE alertó de que el decreto detalla que la ausencia de abono de una mensualidad será causa de la pérdida del servicio del comedor. “¿Qué cree que le pasará a las familias en las que cada cónyuge gana 875 euros mensuales y tienen que hacer frente a hipotecas y otros gastos?”, preguntó Vázquez.
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