Investigación judicial de las facturas del sindicato UGT

La organización está acusada de presuntos delitos de malversación y falsedad documental

Francisco Fernández Sevilla.
Francisco Fernández Sevilla.Paco Puentes

Un juez de Sevilla ha decidido incoar diligencias previas contra el sindicato UGT por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el presunto uso “indebido” de fondos de formación para desempleados, así como por supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública. La primera denuncia formulada el pasado día 13 de agosto por Manos Limpias, que ha sido ampliada hasta en cinco ocasiones, ha recaído por reparto en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que ha decidido incoar diligencias previas.

De este modo, y según fuentes jurídicas, el juez Juan Jesús García Vélez —el mismo que instruyó el accidente mortal por el que fue condenado a dos años y medio de cárcel el extorero José Ortega Cano— ha incoado dichas diligencias previas en una decisión que se encuentra “pendiente” de la ratificación de la denuncia por parte de Manos Limpias.

Fondos finalistas

En la primera denuncia se indicaba que UGT “falseó facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos tenían una finalidad de formación para desempleados”, al tiempo que se aseveraba que esta central “pagó con fondos finalistas de formación para desempleados gastos de funcionamiento”. Tras ello, Manos Limpias ha realizado hasta cinco ampliaciones de la denuncia, la última el 3 de septiembre, cuando pidió que se investigase si el sindicato “cargó a la Junta de Andalucía una comida de 1.600 mujeres, falseando la factura”.

Tras las primeras noticias publicadas sobre este asunto, el sindicato UGT admitió a finales de agosto posibles “errores” en la facturación de servicios con cargo a programas de formación subvencionados con fondos europeos y de la Junta. El secretario regional de este sindicato, Francisco Fernández Sevilla, que lleva al frente de esta organización algo más de tres meses, compareció ante los medios de comunicación para asegurar que se devolverán los fondos que se hayan imputado de forma errónea a cursos. Y aseguró que su sindicato reservaría 115.000 euros para este fin. También se comprometió a abrir una investigación interna sobre las partidas cuestionadas.

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