Hipotecado con Rajoy

El año pasado el Gobierno, que preside Mariano Rajoy, facilitó créditos por importe de 10.834 millones de euros al Consell que dirige Alberto Fabra. Una financiación extraordinaria enorme en comparación con el presupuesto de la Generalitat de 2012, cifrado en 13.769 millones de euros.

Ese ingente chorro de dinero ha servido para mantener los servicios fundamentales de una Administración quebrada, aunque ha tenido una consecuencia indeseada para el presidente de la Generalitat. A medida que el Ministerio de Hacienda insuflaba oxígeno a las arcas de la Administración valenciana, asfixiaba el proyecto político de Fabra. Un presidente con enormes dificultades para mantener el discurso reivindicativo de sus antecesores y consolidar internamente su liderazgo.

El último episodio, y no el menor, ha tenido lugar esta misma semana. Fabra se ha visto obligado a aplazar, por tercera vez y sin fecha, la tramitación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatut, aprobada por las Cortes en 2011 sin votos en contra.

De no haberlo hecho, su propio partido habría rechazado la tramitación de la reforma del Estatut. ¿Por qué? Porque la reforma pendiente consiste en una disposición adicional copiada del Estatuto de Andalucía en la que se reclama al Estado que haga durante siete años una inversión en la Comunidad Valenciana acorde con el porcentaje de población. Una disposición que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no quiere aceptar, ni como adorno.

Y es que los intentos del jefe del Consell por mejorar la financiación autonómica y lograr un mejor trato del Gobierno han sido vanos. Así, Fabra se ha tenido que conformar, por ahora, con el aval de Hacienda para endeudarse en 2013 en 900 millones de euros adicionales para afrontar los pagos y con la decisión del Ministerio de Fomento de impulsar, con la construcción de un tercer raíl, el corredor ferroviario mediterráneo.

Las exigencias de financiación y trasvases han resultado tocadas

El problema estriba en que los reveses del discurso reivindicativo de Fabra son mayores que los aciertos. En sus dos años de mandato, los populares valencianos se han visto desautorizados de manera repetida, incluso en los temas que el jefe del Consell se anota como mérito.

Antes de lograr el apoyo para el tercer carril, el Gobierno valenciano tuvo que ver cómo la ministra de Fomento, Ana Pastor, votaba en Bruselas en contra del plan transeuropeo que da prioridad al corredor mediterráneo, por no incluir el central. Y el déficit asimétrico, que el Consell esgrime como una victoria, tan solo ha sido posible tras la negativa de Montoro a modificar el sistema de financiación autonómica antes de 2015.

No han sido los únicos sapos que ha tenido que tragar la Generalitat. El propio Fabra prometió, en sede parlamentaria, que enmendaría los presupuestos generales del Estado de 2013 en 144 millones de euros para mejorar la inversión en la Comunidad Valenciana —que se ha reducido notablemente desde que gobierna Rajoy—. Pero el Ministerio de Hacienda y el Grupo Popular en el Congreso rechazaron todas las enmiendas propuestas por Fabra, mientras daban cobertura en las cuentas del Estado a las demandas de otros dirigentes del PP, como la aragonesa Luisa Fernanda Rudi.

El dinero ha sido, sin duda, la cuestión que más veces ha dejado en evidencia al Ejecutivo autonómico. Tanto en pleno como en comisión, el PP ha rechazado en el Congreso dos iniciativas en las que se pedía mejor financiación para la Comunidad Valenciana en los mismos términos que los aprobados por las Cortes. Y Fabra se ha visto obligado a aplazar, también por dos veces, la tramitación en las Cortes generales de una proposición de ley del Parlamento valenciano en la que se pedía una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.

El Consell ha tenido que enterrar en Madrid varias de sus líneas argumentales. Los permisos a las prospecciones petrolíferas frente a L’Albufera no se han revocado. El IVA reducido se ha suprimido para Fallas y las Hogueras, que han sufrido inspecciones fiscales específicas, y la política de trasvases ha quedado supeditada a los planes de cuenca impulsados por el Gobierno. Tanto que el pasado mes de julio, la Generalitat votó a favor de un plan de cuenca del Ebro, que da satisfacción a Navarra y Aragón, pero en la que no hay ni una referencia a un posible trasvase hacia el sur.

Además, el Consell ha tenido que aceptar un nuevo plan de cuenca del Tajo, que dificulta los trasvases al Segura. Una situación que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha intentado compensar a Murcia y a la Comunidad Valenciana con un memorando, sin valor reglamentario, donde se compromete a mantener las transferencias al Segura.