Baltar supera su primera crisis y aprueba el pliego para privatizar la basura

José Manuel Baltar ya consiguió el respaldo de los suyos (en realidad, el de los de su padre) en el primer paso para la privatización del servicio provincial de la recogida de basura que hasta ahora atiende a más de 100.000 vecinos del rural ourensano y que está financiado por la Diputación con aportaciones municipales. El lunes, el sucesor del cacique bueno se topó con un plantón de los alcaldes fieles a su progenitor en la comisión a la que se presentaba el pliego de condiciones para la privatización de este servicio al que están suscritos 49 ayuntamientos de la provincia y que da empleo a 74 personas.

Sin la presencia de los suyos y con la oposición del PSOE, la propuesta del presidente provincial no prosperó entonces: le faltó quórum. Cuatro días y una llamada al orden después, Baltar consiguió llenar el aforo de la sala en la que se celebró, de nuevo, la comisión. De los suyos solo se ausentó el portavoz de la unidad de gestión que aglutina a municipios de la comarca de O Carballiño. De esta forma, superada la primera crisis del neobaltarismo, la institución ourensana, que hace poco más de un mes contrató por oposición para este mismo servicio a otros dos operarios vinculados al PP –entre ellos el teniente de alcalde y yerno del regidor de Pereiro de Aguiar, además de diputado provincial- comienza a deshacerse de él.

Los socialistas intentarán echar atrás este primer paso para la privatización. El portavoz del PSOE en la institución, Ignacio Gómez, asegura que los alcaldes del PP portavoces de algunas unidades de gestión respaldaron la propuesta sin consultar con los regidores de ayuntamientos incluidos en esa misma comarca y cita, entre otros, el caso de Vilamarín. Si hubiera más votos negativos que positivos entre los municipios de la unidad de gestión, el portavoz “no podría respaldar la propuesta”. Baltar intenta desprenderse del servicio –dejando a la institución con apenas un 34% de representación- apelando a criterios de rentabilidad para la empresa adjudicataria. El alcalde de Trasmiras, Emilio Pazos, único alcalde del PP que intervino en la fallida comisión del lunes dejó claro el argumento: “Si nos quedamos nosotros con el 51% [del control de la empresa] nadie querría participar porque no obtendría beneficios”.