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El juez de Nóos rechaza desimputar al empresario Miguel Zorío

El empresario valenciano facturó más de 500.000 euros al instituto de Urdangarin por los Summit y por los Juegos Europeos

El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha rechazado hoy sobreseer la causa en relación al secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, imputado desde el mes de enero, así como respecto a otras ocho personas que lo habían solicitado también, entre ellos, el empresario valenciano Miguel Zorío.

En un auto dictado hoy, el juez de instrucción 3 de Palma además desestima una petición del sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa, para abrir una pieza separada en relación con la Fundación Madrid 2016 y el Ayuntamiento de Madrid cuando era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Además de García Revenga, tras el auto dictado hoy siguen imputados en la causa la mujer de Diego Torres -el exsocio de Iñaki Urdangarin-, Ana María Tejeiro, la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen, el ex director general de esta fundación Miguel de la Villa y el ex director financiero Gerardo Corral.

El magistrado rechaza también archivar las actuaciones en relación al que fuera secretario del Instituto Nóos y apoderado de Urdangarin en la empresa Aizoon, Mario Sorribas, así como al abogado Salvador Trinxet, a quien se investiga como presunto responsable de la estructura societaria en el extranjero del entramado de Nóos, al empresario valenciano Miguel Zorío y al supuesto testaferro Robert Cockxs.

En todos los casos el juez considera comprensible el deseo de los imputados "de verse anticipadamente apartados de la presente causa". No obstante, subraya que considera "precipitado" sobreseer la presente pieza separada respecto a ellos, algo que valorará una vez que la instrucción sea definitivamente cerrada, y aclara que la decisión de hoy no prejuzga lo que pueda decidir al respecto en el futuro.

La relación de Iñaki Urdangarin con algunas de las empresas y con la Administración pública valenciana pasó por el empresario Miguel Zorío, propietario de la agencia de comunicación y consultora de imagen Looby Comunicación. Zorío fue quien mantuvo en contacto a Urdangarin con la Generalitat valenciana tras la firma del contrato, por tres millones de euros, para la celebración de unos Juegos Europeos que nunca se convocaron pero por lo que Nóos llegó a cobrar 382.000 euros. También de su mano llegó el acuerdo con el grupo Roig para captar inversores y el de Aguas de Valencia, que acabó con la elaboración de un estudio de responsabilidad social corporativa. Además, fue a quien Urdangarin dijo, según su propia versión, que su aún socio, Diego Torres, le estaba robando. Miguel Zorío acudió a declarar, en noviembre, como testigo. Y salió como imputado.

Zorío explicó cuando declaró en el juzgado de Palma de Mallorca que “siempre” se relacionó a la par con Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Lobby Comunicación facturó más de medio millón de euros con Nóos. La fiscalía sostiene que una parte correspondía a una relación ficticia. El empresario afirmó que sus facturas con Nóos eran reales y legales.

Por otra parte, el juez Castro rechaza también la incorporación del último medio millar de facturas, de las casi mil que ha ido presentando Diego Torres al juzgado.

Castro considera que en las diferentes fases de los dos años y medio que ha durado la instrucción, Torres ha tenido "tiempo más que suficiente" para recopilar y presentar todas las facturas que tuviera a su alcance "al objeto de minorar los desfases" entre los ingresos y los gastos de los eventos organizados por Nóos.

El magistrado detalla que la defensa de Torres ha aportado recientemente 919 documentos para acreditar el coste de los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit, de las que 430 ya obraban en la causa y algunas más las habían aportado ya personas que han declarado ante el Juzgado.