Encapuchados organizados apalearon e hirieron a los ‘ertzainas’, según los testigos

Dos ertzainas que custodiaban el Palacio de Justicia de Bilbao durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 fueron atacados por un grupo de encapuchados que les rodearon, les arrojaron piedras y les propinaron puñetazos y patadas, según han relatado los testigos en juicio a tres jóvenes acusados de participar en esa agresión.

En la vista oral celebrada este miércoles, participantes en la manifestación que habían convocado los sindicatos ELA y LAB y agentes que vigilaban la seguridad en esa jornada de movilización han coincidido en relatar que los ertzainas sufrieron el ataque de un grupo organizado de personas que vestían de negro, ocultaban su rostro con capuchas y otras prendas, llevaban guantes y que habían estado realizado pintadas en varias fachadas.

Así, cuando la marcha llegó a la altura del Palacio de Justicia varias de esas personas arrojaron en la entrada del edificio objetos como petardos y botes de humo. Uno de los agentes que custodiaba el edificio salió tras ellos y logró interceptar a un joven, momento en que el resto del grupo de encapuchados le rodearon y comenzaron a golpearle y tirarle piedras "a bocajarro" con la intención de liberar al joven retenido, han contado los testigos.

Un segundo ertzaina que vigilaba los juzgados acudió a ayudar a su compañero y comprobó que éste había caído al suelo, que estaba "convulsionando" y que sangraba abundantemente de la cabeza, mientras los jóvenes seguían apaleándole, por lo que trató de auxiliarle y entonces, también éste segundo agente recibió el impacto de varios objetos y numerosas patadas.

En la agresión, uno de los ertzainas sufrió hundimiento craneal que requirió cinco días de hospitalización y aún hoy padece cefaleas por esa lesión. Además, sigue necesitando ayuda psicológica por lo sucedido. El otro agente herido que recibió el impacto de un objeto en la sien, sufre trastornos en la visión de un ojo.

El fiscal y la acusación particular entendieron esos hechos como sendos delitos de lesiones y desórdenes públicos, por lo que han pedido una pena de 14 años de prisión para los acusados, U.M., J.T. y A.F., mientras la defensa reclama su absolución por falta de pruebas. Los tres procesados, que se han negado a contestar a las preguntas de las acusaciones, han dicho que no cometieron ese día ningún tipo de ataque ni causaron destrozos.

Uno de los heridos ha asegurado que al menos tres de los jóvenes que les agredieron eran los mismos que habían atacado el Palacio de Justicia ya que no les perdió de vista, uno de ellos destacaba porque "era muy alto y fornido" y porque, además, el resto de personas que discurrían en la manifestación "no estabas embozadas".

La juez ha escuchado también a un hombre que participó en esa movilización sindical y que marchaba con su hijo en hombros, cuando vio la agresión a los agentes que estaban aguantando "una lluvia de piedras" y patadas en la cabeza, por lo que llamó a emergencias, momento en el que un encapuchado le zarandeó y le arrebató el teléfono.

El hombre ha destacado la agresividad de esos jóvenes y ha contado que tuvo que proteger con su cuerpo a su hijo mientras varias piedras alcanzaron a otros de sus acompañantes y ha asegurado que, "sin ningún género de duda" los autores de ese ataque actuaban de forma organizada. Esa misma tesis han sostenido otros testigos que vieron llegar a la zona a la totalidad del grupo, unas 20 o 30 personas, todas ataviadas de la misma manera para ocultar sus rasgos y que se prepararon con mochilas en las que vieron que portaban piedras y pintura.

Varios agentes de paisano que vigilaban la seguridad en la manifestación han asegurado que los encapuchados que participaron más activamente en la agresión, aparecen en las imágenes que ellos mismos grabaron en la manifestación con una cámara oculta y también en otro vídeo que tomó una persona que presenció el ataque y que se incluye en la prueba contra los tres acusados.

La defensa ha tratado dejar en evidencia la custodia de esos vídeos y por tanto su validez como prueba de cargo, al tiempo que ha aducido que no hay evidencias para imputar a esos delitos a sus patrocinados.