El juez imputará a tres presidentes de Adif por el accidente de Santiago

Desde el 11 de diciembre de 2011, en que entró en servicio la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, hasta hoy, todos los presidentes y vocales que formaron parte del consejo de administración de Adif serán imputados por el juez que investiga el accidente de tren en el que se dejaron la vida 79 personas el pasado 24 de julio. En el auto hecho público ayer, el magistrado Luis Aláez solicitó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que identifique a todos estos cargos y también a todos los responsables intermedios del área de Seguridad en la Circulación en ese periodo: un año y nueve meses. De momento, el juzgado de instrucción número 3 pone nombre y llama a declarar como imputados a cinco de ellos como responsables directos de la seguridad en la línea donde se produjo el siniestro. Son: el director de Seguridad en la Circulación de todo el ente público, Manuel Besteiro Galindo; el jefe de Inspección del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, José Antonio García Díez; el gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Fernando Rebón Sartal; y dos inspectores, Carlos A.G. y Roberto S.A.

Fuentes de Adif explicaban que el equipo jurídico de la entidad estaba estudiando la documentación y que la empresa pública recurrirá el auto. Los mismos portavoces indican que los responsables que ahora trata de identificar el juez, más los cinco que ya aparecen como imputados en el auto, engrosan una lista de 29 personas. Entre ellas están los tres presidentes que ha tenido el consejo de administración en este tiempo, el actual, Gonzalo Ferre (en el cargo desde enero); su antecesor Enrique Verdeguer (al frente desde la llegada del PP al Ejecutivo); y Antonio González Marín, último presidente de la compañía con Zapatero. “Las muertes y lesiones ocasionadas por el descarrilamiento del tren”, afirma el juez, “son imputables objetivamente a todos ellos, pues todos, delegantes y delegados, han tenido un dominio real sobre la fuente de peligro”. “De ahí”, concluye el magistrado en su nuevo escrito, “que todos ellos hayan de ser considerados potenciales autores del delito imprudente” con “resultados mortales y lesivos que se investiga”.

En todos estos responsables “lo decisivo”, según el juez, “ha sido permitir la circulación de trenes por un tramo de línea carente de las medidas de seguridad suficientes para mantener el peligro para la vida e integridad de sus usuarios dentro de los límites tolerados por el ordenamiento jurídico”. Es decir, “la omisión” de su deber de establecer un sistema de seguridad “que evitase el descarrilamiento”, dejando “exclusivamente en manos del maquinista la reducción de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora”, la permitida para el fatídico tramo de la curva de A Grandeira, en el lugar de Angrois, donde ocurrió el accidente. Todo esto, dice también el juez, cuando era “previsible” el fallo humano: “No podía pasárseles desapercibido el peligro cierto de desatención (somnolencia, cansancio, rutina, etc.) que podría materializarse en el descarrilamiento de un tren”, insiste.

Ya en su anterior auto, Aláez hacía repaso de las carencias en la seguridad, como la supresión en los Alvia del sistema ERTMS (de conducción y reducción de la velocidad automáticas) por fallos técnicos. Ante esta decisión, los responsables inmediatos de la Dirección de Seguridad, en primer término, y el consejo de administración, en su función de “supervisión y control” de sus subordinados, tendrían que haber ordenado instalar unos dispositivos de advertencia “inexistentes” en dicho tramo. “Algo tan básico”, reprocha el magistrado instructor, como “señales visuales y sonoras de limitación a 80 kilómetros por hora o de reducción progresiva a medida que se produce la aproximación” al tramo en el que no se podía circular más rápido, según el reglamento que llevan en la cabina los maquinistas.