Un magistrado será juzgado por asesorar a empresarios en el ‘caso ITV’

El magistrado Joaquín José Ortiz Blasco se sentará en el banquillo de los acusados por haber asesorado a dos empresarios implicados en el caso ITV, la presunta trama de corrupción que intentó amañar concursos públicos en Cataluña. El Tribunal Supremo (TS) considera que hay indicios de que Ortiz cometió dos delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios y abuso en el ejercicio del cargo. Uno de los imputados en la trama es Oriol Pujol Ferrusola, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que se apartó temporalmente del cargo en el partido tras ser imputado.

La investigación sobre Ortiz se ha prolongado casi un año. El magistrado, que ha sido apartado cautelarmente de sus funciones, preside la sección del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) encargada, precisamente, de resolver los recursos sobre concesiones en el sector de las ITV.

En su auto, el Supremo recoge el escrito de la fiscalía, que pidió la apertura de juicio oral. Ortiz asesoró “de manera permanente” a la empresa Certio sobre asuntos que, necesariamente, debía resolver. Certio presentó un recurso contra la adjudicación de un lote de estaciones de ITV por parte del tripartito. Ese concurso público es el que, presuntamente, la trama corrupta quería tumbar para lograr otro hecho a su medida.

La empresa estaba gestionada por dos “amigos” del magistrado: Ricard Puignou y Enrique Marugán. Todas las actuaciones del juez estuvieron “encaminadas a beneficiar los intereses mercantiles” de Certio. Ortiz “comprometió la rectitud e imparcialidad de la función pública de realizar justicia”, apostilla.

El juez les asesoró “de forma permanente” y les avanzó el sentido de sus decisiones

Los correos electrónicos que mantuvo con los dos empresarios son elocuentes. En mayo de 2010, Puignou le escribió: “Ha salido el concurso de las ITV Cataluña”. El magistrado contestó al instante: “La final de supervivientes llega. Un saludo, Joaquín”. Según el fiscal, “el tono imperativo hacia el magistrado, que parece subordinado de Puignou, comporta una auténtica capitulación ética”. El empresario le envió la resolución del concurso y el juez respondió también con “tono connivente”, añade el fiscal: “Chapuzas hasta en el recuento”.

Ortiz informaba y recibía información de los empresarios; les adelantaba el sentido de sus resoluciones (incluso antes de escribirlas); e incluso promovió una reforma legislativa para beneficiar a Certio en una reunión con dos abogadas de la Generalitat. En el almuerzo con las letradas  en un restaurante barcelonés, al que también asistió Puignou, Ortiz les preguntó por su actuación en la adjudicación del tripartito y les “ocultó” la verdadera identidad de Puignou. Solo les dijo que se trataba de un “experto mundial”. Las letradas, que declararon como testigos, explicaron que se llevaron “una de las más profundas decepciones de sus vidas” al descubrir la mentira cuando estalló el caso.

El magistrado viajó a Dubrovnik con los empresarios

Esa cadena de favores no se entiende sin conocer la profunda relación de amistad entre Ortiz y los empresarios. Los tres mantenían un “flujo constante de comunicación” y se reunían “con frecuencia” para comer y cenar. En abril de 2010, viajaron juntos a Dubrovnik. De ese viaje consta “un reportaje fotográfico que inmortaliza la imagen de los tres individuos a bordo de una embarcación que surca el mar Adriático”. Las fotos fueron enviadas por Puignou en un correo electrónico: “Adjunto fotos del viaje a Croacia. Un abrazo”. Un día después, Ortiz le remitió el borrador de un escrito para que interpusiera un recurso. Los billetes de avión, detalla el fiscal, fueron pagados con la tarjeta de crédito de Marugán.

La actuación del magistrado, que “llegó a afectar posiciones institucionales de la Generalitat”, no puede justificarse, de ninguna forma, “como mediación”, sigue el fiscal. El asesoramiento es, en algunos casos, “flagrante y notorio”, incide. Por su estrecha amistad con dos empresarios del sector de las ITV, Ortiz “debió haberse abstenido” de tomar decisiones. Pero no lo hizo. Es más: presidió la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJC hasta en cinco recursos sobre ese sector. En uno de ellos —el que afectaba a la adjudicación del tripartito— actuó como ponente.