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Una relación poco habitual

La juez del ‘caso Cooperación’ destaca los vínculos entre el exconsejero Blasco y Tauroni

El exportavoz del PP será juzgado por el fraude en ayudas a Nicaragua

Rafael Blasco, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Rafael Blasco, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Nicaragua era el destino de más de 1,6 millones de euros en ayudas para el desarrollo, pero al país solo llegaron 43.000 euros. El resto se quedó por el camino. La Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) se gastó la mayoría en unos inmuebles con garaje. Pese a que la entidad no tenía medios ni personal para proyectos de cooperación, y sobre todo incumplía los requisitos de la normativa, la entonces Consejería de Inmigración y Ciudadanía le concedió las subvenciones.

Y lo hizo contra viento y marea, argumenta la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Pía Calderón, que ha sentado en el banquillo al exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, y a otras ocho personas, entre ellos varios ex altos cargos, por presuntos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsificación en documento público. Todos ellos afrontan altas penas de cárcel.

El de Blasco será posiblemente el primero de los juicios que celebre el TSJCV por los casos de supuesta corrupción que instruye y que afectan al PP. La vista contra el ahora diputado no adscrito en las Cortes está pendiente de los escritos de defensa y de que se fije la fecha para el juicio de esta primera pieza del caso Cooperación, que investiga el presunto desvío de unos ocho millones de euros en ayudas dadas por la consejería de Blasco a un entramado de falsas ONG y empresas de cuyos hilos tiraba en la sombra el único preso de la causa, Augusto César Tauroni.

El exportavoz del PP se sentará en el banquillo con otros ocho acusados

En el extenso auto de apertura de juicio, la magistrada detalla la estrecha relación de Tauroni y Blasco. Una relación que estos niegan y que la juez describe como no “habitual” entre un consejero y alguien que quiere obtener subvenciones, y caracterizada por una “gran discreción” para evitar que afloraran supuestos “favores mutuos”.

El empresario, destaca el auto, “obtuvo contratos en la práctica totalidad de las consejerías de las que Rafael Blasco fue máximo responsable” entre 1999 y 2007 —Bienestar Social, Territorio, Sanidad, Inmigración— y “mayoritariamente se obtuvieron a través de personas interpuestas”. Tauroni se adaptaba a las “necesidades-oportunidades” de la consejería con la que fuera a trabajar, una “versatilidad” que se concretaba en proyectos “vinculados principal y posiblemente a las capacidades de decisión o influencia política del señor Blasco”.

El caso de la Fundación Cyes refleja ese modo de operar. Tauroni contactó con el imputado Marcial López para que la fundación que este presidía se presentara a la convocatoria de ayudas de la consejería de Blasco. Como contrapartida, “es muy posible” que López se comprometiera a pagarle el 25% de las ayudas.

Una subvención para ayudar a Nicaragua se gastó en inmuebles

El expediente de Cyes superó en la consejería todos los obstáculos. La juez sostiene que está plagado de irregularidades y de indicios de manipulación para intentar encajar a la fundación en los requisitos de la convocatoria o para justificar con facturas “ad hoc” una compra de inmuebles en Valencia que con el tiempo se evidenció imposible de sostener como parte de un proyecto de ayuda a Nicaragua. El empeño por sacar adelante las subvenciones queda patente en las durísimas presiones de Blasco sobre técnicos que se resistían a aprobarlas.

Los lazos que unen a Tauroni y Blasco en este asunto, según sostiene la magistrada, se manifiestan a través de “reuniones concertadas fuera de la consejería” y conversaciones telefónicas que “denotan una estrecha y antigua relación” y que se producen también por la noche, en fines de semana y vacaciones. En el sumario también constan correos entre Tauroni y Blasco, principalmente referidos a las informaciones periodísticas sobre el escándalo, demandas contra medios de comunicación e intervenciones parlamentarias relacionadas con la polémica, que saltó en 2010 al publicarse que las ayudas a la Fundación Cyes se gastaron en comprar inmuebles.

Pero, además, en los soportes informáticos incautados a Tauroni tras su detención hay numerosos documentos de la Generalitat “de carácter interno y mayoritariamente reservado” sobre proyectos relacionados con la cooperación. También recuerda el auto que la secretaria de Blasco y una trabajadora de Tauroni se citaban cerca de las Cortes para intercambiar sobres de sus jefes. El exconsejero niega que recibiera dinero del empresario encarcelado, pero no ha podido borrar de la investigación el rastro de sus vínculos con Tauroni.

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