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Una sentencia confirma la suspensión del exjefe de la Policía Local de Coslada

Ginés Jiménez planteará un recurso de amparo ante el TC en el que pedirá su reincorporación

El exjefe de la Policía Local de Coslada ( Madrid) Ginés Jiménez. Ampliar foto
El exjefe de la Policía Local de Coslada ( Madrid) Ginés Jiménez.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la suspensión de funciones al exjefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez, que está imputado por los delitos de tenencia de armas y extorsión dentro de la trama de corrupción policial denominada Operación Bloque, que salió a la luz en mayo de 2008.

Con esta sentencia, el TSJM estima un recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Coslada contra el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Madrid de 18 de julio de 2012, que ordenó la reincorporación de Jiménez a la Policía Local.

El fallo incide en que el reingreso inmediato de Jiménez a sus funciones podría generar “una indudable alarma social” debido a que “se halla inmerso en un procedimiento que se sigue por hechos que pudieran ser penalmente relevantes”. La Sala mantiene que “ha de prevalecer el interés público” para evitar “una quiebra de confianza ciudadana en la honestidad y el adecuado desempeño de las funciones policiales” por los funcionarios a quienes se les encomienda la salvaguarda de la libertad y otros derechos fundamentales. Para el tribunal, la suspensión provisional de funciones del exjefe policial se revela “necesaria, proporcionada”.

Jiménez, por su parte, ha declarado que planteará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pedirá su reincorporación. Considera que el TSJM no ha tenido en cuenta una decena de pruebas y derechos fundamentales contemplados en el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo que permitió su regreso al cuerpo policial. Además, recuerda que hace un año se reincorporó como oficial a la Policía Local de Coslada, sin que ello haya generado “ninguna alarma social”.

Por otra parte, considera que la gravedad de los delitos que se le imputan no es tal, ya que después de cinco años de instrucción el caso ha experimentado un giro penal, con una veintena de delitos archivados.

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