Trias ultima la privatización total de Serveis Funeraris de Barcelona

Cuando en 2010 el Gobierno municipal encabezado por Jordi Hereu (PSC) ultimaba la privatización parcial de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) —el grupo Mémora se hizo con el 85% de las acciones—, CiU no solo dio su voto a favor. Fue más allá (junto al PP) y solicitó que la empresa se vendiera completamente. Su petición no fue aceptada, pero tres años después, y ya en el poder, los convergentes han decidido rectificar el camino. Hoy, en el Consejo de Administración de Barcelona Serveis Municipals (BSM), el equipo del alcalde Xavier Trias notificará su intención de negociar el 15% de acciones de SFB que aún posee el Consistorio. De esta operación espera obtener unos 26 millones de euros.

La venta del pequeño porcentaje de participación municipal finaliza así el proceso iniciado por los socialistas —con la oposición de Iniciativa, sus socios en el Gobierno y el apoyo de ERC— y pone punto final al control relativo que el Ayuntamiento podía tener sobre la política tarifaria de los servicios funerarios en la ciudad, dejándolos completamente en manos privadas. Por un acuerdo entre accionistas, Mémora está obligada a comprar las acciones. Sin embargo, una portavoz del grupo aseguró ayer no tener conocimiento de la operación. La empresa es líder en Barcelona y en los últimos ejercicios ha tenido ganancias de entre 10 y 12 millones.

La ‘tarifa ciudadana’ de Serveis Funeraris queda en el aire con la venta

Pero las intenciones de Trias son claras. Uno de los puntos del orden del día del Consejo de Administración de BSM, al que ha tenido acceso este diario, figura la “Venta del 15% de la participación de Servicios Funerarios de Barcelona”. Los 28,4 millones que se generarían en esta operación —que netos serían 26 millones— figuran dentro de las previsiones de ingresos de BSM, y entrarían a su caja. Desde el Consistorio dicen que el negocio “busca profundizar en la liberalización de los servicios funerarios, en consonancia con las legislación vigente, otorgando más margen a la iniciativa privada, siempre y cuando se garantice la prestación del servicio”. La venta tendrá que comenzar ahora su trámite, pasando por la Comisión de Economía, una exposición pública y el pleno.

La ciudad cuenta con una ordenanza reguladora de los servicios funerarios. Tras el decreto liberizador de esta actividad, en 1996, los Consistorios se vieron obligados a crear estas normativas para garantizar la libre competencia. La norma establece, siguiendo la ley, que las empresas, entre otras cosas, tengan un cupo de funerales gratuitos o de beneficencia para las personas sin recursos y otros subvencionados para aquellos que tienen ingresos menores al mínimo necesario para declarar renta. Este año, el precio de una ceremonia subvencionada es de 75 euros. En lo que va de este año se han realizado 384 entierros de beneficiencia, según datos de Mémora. Otros 18 se han pagado con subvención.

Sin embargo, en 2010, Mémora y el Ayuntamiento de Barcelona llegaron a un convenio de regulación de estabilidad de precios en el que, además, creaban la llamada tarifa ciudadana, que reunía todos los servicios escenciales. Este año asciende a unos 2.220 euros más IVA. Un entierro tipo cuenta unos 3.000 euros más IVA, según el Ayuntamiento.

El precio reducido es de 2.200 euros por entierro, 800 menos que el normal

En principio, con la venta de las acciones, el acuerdo de la tarifa especial quedaría sin efecto. “Con esta venta se coloca bajo criterios de mercado los servicios funerarios, la ciudad se queda sin instrumentos de política pública para preservar la tarifación social en SFB”, criticó Mestre, que también duda del futuro de la tarifa ciudadana. El Ayuntamiento no comentó ayer sobre cuál será el futuro de esta tarifa.

La entrada de Mémora a SFB se remontan a 1998, cuando la empresa, presente también en Portugal y otras ciudad de España, se hizo con el 49% de la compañía. Doce años después, se hizo con otro 36% de las acciones, dejando al Ayuntamiento solo con el 15%. El ente regulador tuvo que darle su visto bueno a la compra, lo que la retrasó. En los últimos ejercicios, la ciudad no ha recibido dinero por concepto de dividendos desde 2011, a pesar de las ganancias de Mémora, según confirmó una portavoz del Consistorio. El grupo facturó unos 163 millones de euros en total en 2012.

Jordi William Carnes (PSC), el primer teniente de alcalde cuando se cerró la venta del segundo paquete accionario, justificó que el municipio se quedara solo con el 15% de las acciones “porque se ha demostrado que la mejor forma para expresar el carácter servicio público en la colaboración publico-privada es que el sector publico tenga una participación minoritaria”. Sin embargo, este pequeño porcentaje no permitía una verdadera capacidad decisoria. De ahí que Mestre cuestione que en la operación para unificar los aparcamientos de BSM en una nueva empresa mixta BAMSA, Barcelona solo tenga un 40% de participación.