Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Díaz plantea a Rajoy un pacto nacional para la regeneración política

La candidata socialista a presidir Andalucía no menciona el ‘caso ERE’ en su discurso de investidura, pero se compromete a luchar contra la corrupción

Nunca un candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía había situado en primer lugar de sus prioridades la lucha contra la corrupción en un debate de investidura. Entre otros motivos porque pocas veces como ahora la corrupción había invadido tanto espacio en la gestión pública. En el PSOE la corrupción se apellida caso ERE y en el PP, caso Bárcenas o Gürtel. Susana Díaz, que este jueves será elegida en primera votación presidenta de la Junta, ha puesto todo el acento de su gestión futura en combatir —“en todos los frentes”, “con todas mis fuerzas” y “sin descanso”— la corrupción. Quiere que estos cambios no solo se apliquen en Andalucía, sino en el resto de España. En la primera reunión oficial que celebre con Mariano Rajoy, propondrá al presidente del Gobierno y del PP un “pacto para la regeneración política” del país.

“Me avergüenza la corrupción y rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella”, proclamó Díaz a los pocos minutos de iniciar su discurso de poco más de una hora en el Parlamento andaluz. En el banco del Gobierno le escuchaba José Antonio Griñán, quien el día que firmó su renuncia argumentó que se iba para evitar a la Junta andaluza la “erosión” de los ERE, un caso que lleva algo más de dos años atenazando la actividad política del Ejecutivo. Griñán ha querido llevarse en su mochila de despedida ese lastre, una forma de asumir la responsabilidad política sin expresarlo así.

La marcha de Griñán por ese motivo es lo que le permitió presentarse este miércoles a la candidata socialista como si estrenara todo, sin herencia ni pasado turbios, y hablar sin complejos de la corrupción. También como la primera mujer que accede a ese cargo, hecho que calificó de “histórico”. Al mismo tiempo, pretendió anunciarse como un contrapunto a la tibia reacción de Rajoy ante los casos de corrupción que afectan al PP.

Aunque en ningún momento citó el caso de los ERE, Díaz propuso una batería de medidas para combatir la corrupción, algunas de las cuales ya estaban planteadas en las reuniones para buscar más transparencia que negociaron hasta febrero pasado los partidos andaluces. Ente ellas está propiciar un acuerdo político para que “los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos de Andalucía presenten también sus declaraciones de la renta, de bienes y actividades, aunque tengan separación de bienes, tanto en el momento de su nombramiento como en el del cese”.

Más control

Entre las medidas contra la corrupción propuestas por Susana Díaz figuran las siguientes:

Prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos a través de una iniciativa legislativa del Parlamento andaluz en el Congreso de los Diputados.

Promover un acuerdo político para que los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos de Andalucía presenten también sus declaraciones de la renta, de bienes y actividades, aunque tengan separación de bienes. Legalmente esta medida no es posible.

Proponer a Rajoy un pacto para la regeneración política de España. “Un pacto promovido desde Andalucía con vocación nacional”, dijo.

Cambiar la ley de la Cámara de Cuentas de la comunidad para aumentar su capacidad de control, de manera que fiscalice las cuentas de los partidos con representación parlamentaria en el ámbito de las competencias de la comunidad. Esta institución, similar al Tribunal de Cuentas, podrá imponer multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan cuentas. Los entes fiscalizados deberán remitir informes sobre la implantación de las recomendaciones que haya formulado la Cámara.

El orden del día de los Consejos de Gobierno se conocerá con anticipación y será público. También los expedientes de los asuntos abordados por los consejeros en esa mesa.

Esta iniciativa no tiene ningún encaje legal, como admitió la propia candidata, sino que depende de que los políticos y sus parejas quieran o no aplicarla. Ya la planteó el PSOE andaluz en la pasada legislatura, cuando el entonces vicesecretario socialista de Andalucía, Rafael Velasco, dimitió de todos sus cargos por las ayudas públicas para cursos de formación recibidas por una empresa de su esposa. El PSOE la dejó dormir y la volvió a retomar en las citadas negociaciones. También el PP regional propuso dar publicidad a las relaciones de los familiares de los altos cargos con la Administración andaluza.

Susana Díaz quiere llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa del Parlamento autónomo prohibiendo las donaciones privadas a los partidos políticos, en su objetivo de dejar un sello andaluz en el pacto por la regeneración que propondrá a Rajoy.

La futura presidenta prometió “más control y más vigilancia”, y para ello propuso fortalecer la Cámara de Cuentas de Andalucía, de manera que pueda fiscalizar las cuentas de los partidos con representación parlamentaria (hasta ahora este órgano visa solo los gastos electorales). También quiere que esa Cámara imponga sanciones “a los responsables políticos que no rindan cuentas” y que los entes fiscalizados emitan informes sobre la implantación de las recomendaciones de los auditores. Esta propuesta implica una reforma de la ley que regula ese órgano, a la que Díaz no puso fecha.

Estas medidas las intercaló con otras sobre la transparencia en la gestión pública y de participación ciudadana “en todos los ámbitos”. El orden del día de los Consejos de Gobierno será público y se conocerá con antelación, así como los expedientes de los asuntos abordados en esa mesa. La candidata también se comprometió a aumentar sus comparecencias parlamentarias.

El bloque político de su discurso constituyó la principal novedad y su aplicación no depende de que haya o no recursos presupuestarios, sino de su voluntad. En ese apartado también expresó su “rechazo” a las aspiraciones soberanistas de Cataluña y a la reforma local que planea el Ejecutivo central. Díaz también apuesta, como Griñán, por reformar la Constitución para dar encaje al problema catalán.

El discurso de investidura estaba pactado con Izquierda Unida, cuyos 12 diputados le garantizan su elección como presidenta por mayoría absoluta. El acuerdo de gobierno con IU se amplía con nuevos compromisos, como poner a disposición de cooperativas agrarias las fincas de la Junta. IU lo llama Banco de Tierras, Díaz lo bautizó como Observatorio de Tierras y los jornaleros de la CUT levantaron las cejas y preguntaron qué es eso.

La creación de una especie de Instituto de Crédito Oficial andaluz fue otro guiño hacia sus socios, aunque es una incógnita cómo, ya que, salvo Unicaja, las cajas de ahorros de la comunidad andaluza ya no existen.

En lo que Díaz no va a transigir con IU es en crear más impuestos, aunque sí va a haber modificaciones en el tramo autonómico del IRPF para incrementar la progresividad.

Como todos los presidentes que han sido de la Junta andaluza, todos del PSOE a lo largo de 31 años, también Susana Díaz apostó por la defensa de la sanidad y la educación públicas y abogó por pactos con los agentes sociales para impulsar el crecimiento económico de Andalucía y combatir el paro. Quiere, según dijo, “pasar de la subvención al incentivo”. Este camino lo comenzó Chaves, lo siguió Griñán y ahora lo refrenda Díaz, pero el hecho cierto es que todos los sectores de la comunidad son muy dependientes del presupuesto de la Junta y que este cordón umbilical es muy fuerte todavía.

Nada nuevo propuso sobre uno de los mayores problemas de la Junta de Andalucía, como es la sobredimensión del sector público, con muchas empresas sin cometido claro. Ofreció crear una comisión de expertos que elabore un informe sobre la situación antes de finales de 2014.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información