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Los subsaharianos del Poblenou piden ayuda para poder regularizar su situación

El coste de conseguir un certificado de antecedentes penales vale cerca de 100 euros, 300 si se incluye la traducción

Un inmigrante abandona la nave ocupada en Pueblo Nuevo. Ampliar foto
Un inmigrante abandona la nave ocupada en Pueblo Nuevo.

Unos 100 euros tiene que pagar un inmigrante para poder obtener en su país el certificado de antecedentes penales y hacerlo llegar a España. Este papel es necesario para poder tramitar la residencia legal, con permiso de trabajo. La factura puede escalar hasta los 300 euros si se incluyen las traducciones del documento. Unos precios prohibitivos para personas como las que habitaban en la nave de la calle de Puigcerdà, en el Poblenou barcelonés, que se dedicaban a recoger chatarra por la calle y ahora no tienen empleo. Las entidades que les ayudan buscan ahora formas de financiar estos trámites.

Después de que las asociaciones de vecinos, entidades y algunos de los subsaharianos que vivían en el recinto lograran que el Ayuntamiento y la Generalitat se coordinaran para poder agilizar los expedientes de inmigración, el problema es ahora económico. Para poder acceder a los programas de reinserción laboral que ofrece el Consistorio —que actualmente le paga alojamiento a 186 en pisos y pensiones—, es necesario tener un permiso legal para estar en España, algo que la gran mayoría no tiene. Este trámite, que realiza la Subdelegación del Gobierno, implica aportar el pasaporte en vigor, el informe de arraigo social y el certificado de penales.

La gran mayoría de los afectados no tiene ninguna fuente de ingresos para pagar el papel de los penales. “En muchas ocasiones, las familias tienen que ir desde sus pueblos a la capital del país de orígen, con los gastos que eso implica. Además tiene una vigencia muy corta, por lo cual si se vence tiene que iniciar todo el proceso de nuevo”, explica Olga Hernández, de Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería.

El Ayuntamiento ha expedido el certificado de arraigo por razones “humanitarias” en algunos casos y se ha coordinado con la Generalitat el visto bueno de las solicitudes por procedimiento de urgencia. De hecho, ayer mismo se presentó el paquete de las 10 primeras solicitudes ante la Subdelegación de Gobierno. Las entidades de apoyo a los subsaharianos calculan que hay unos 255 expedientes susceptibles de poder recibir los papeles.

La Asociación de Vecinos del Poblenou, entre las 95 entidades que firmaron el manifiesto en apoyo a los subsaharianos, también harán su aportación económica para sufragar la expedición de los certificados de penales. También se habilitará una cuenta bancaria para apelar a la buena voluntad de quien lo quiera y se planean realizar un concierto que les ayude a recaudar dinero.

 

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